Oposición cita a plebiscito no oficial contra Maduro

El evento, que no tiene aval del CNE, fue convocado para el 16 de julio. Preguntaría, si el pueblo está de acuerdo con adelantar las elecciones.

Venezuela

Que sea el pueblo el que decida”, dijo el presidente de la AN, Julio Borges (derecha), en reunión con el líder opositor Henrique Capriles (izquierda).

EFE

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julio 03 de 2017 - 05:52 p.m.
2017-07-03

La oposición de Venezuela convocó a un plebiscito no oficial en poco menos de dos semanas, para determinar si los ciudadanos quieren que se adelanten las elecciones presidenciales previstas para fines del 2018, en medio de una ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

La consulta del 16 de julio, que no contaría con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), preguntará también si el electorado respalda el plan del presidente de modificar la carta magna, por medio de una Asamblea Constituyente, considerado por la oposición como un ardid para consolidar el poder del gobernante Partido Socialista (PSUV) y dilatar las elecciones. Pero el Gobierno dice que necesita modificar la Constitución para pacificar el país, que vive incesantes protestas, por momentos violentas y reprimidas por las fuerzas de seguridad.

(Lea: “Aumento del salario mínimo en Venezuela muestra el empobrecimiento del país”). 

“El país y el mundo deben entender que este es un proceso democrático de retomar la Constitución”, indicó ayer el presidente del parlamento (Asamblea Nacional), Julio Borges, en un acto público realizado en un teatro de Caracas.

“Estamos preparados para iniciar las acciones, con el fin de hacer valer la decisión del pueblo el 16 de julio. ¡Que sea el pueblo quien decida!”
, agregó.

La oposición preguntará también en el plebiscito si los votantes apoyan a las Fuerzas Armadas para “restituir el orden constitucional” y si están de acuerdo con la renovación de los poderes públicos y la conformación de un “gobierno de unidad”. La consulta, que no tendrá carácter vinculante y que se celebrará dos semanas antes de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, busca ser un termómetro para medir el apoyo al polémico órgano que regiría sobre el resto de los poderes públicos.

ADELANTE CON EL PLAN

Maduro, que ha recibido llamados de gran parte de la comunidad internacional para hallar una salida a la crisis política, afirmó este lunes que la elección de los 545 miembros que se encargarán de modificar la Constitución sí se llevará a cabo. “El pueblo tiene derecho a votar el 30 de julio y va a votar llueva, truene o relampaguee”, dijo en un acto público televisado en cadena nacional.

Los adversarios de Maduro acumulan tres meses en las calles en protesta contra la Constituyente y contra lo que dicen es una dictadura que acabó con las elecciones, encarcela a disidentes y viola los derechos humanos.

El mandatario, de 54 años, que reemplazó en el 2013 a Hugo Chávez, asegura –por su parte– que las manifestaciones, en medio de las que han muerto unas 85 personas, solo buscan desbancarlo con el apoyo de Washington.

Según una reciente encuesta de la firma local Datanálisis, 7 de cada 10 entrevistados están en contra de la propuesta de Maduro de reescribir la carta magna y 75,4% votaría para rechazarla. Tras las críticas realizadas a su proyecto, el propio mandatario destacó a principios de junio que someterá a referéndum la nueva Constitución, pero la oposición ha expresado públicamente sus dudas respecto a la realización de esa consulta.

Los aliados del Gobierno han dicho que la Constituyente anulará la Asamblea Nacional, dominada por la oposición
, y destituirá a la fiscal General, Luisa Ortega, quien se desmarcó del Gobierno, convirtiéndose en una crítica clave.

Ortega denunció ayer que funcionarios de la Contraloría General de la República buscaron irrumpir por la fuerza en las sedes de la Fiscalía en todo el país, con el objetivo de escudriñar su labor.

“Las puertas del Ministerio Público están abiertas para hacer todas las auditorías, pero esa violencia, ese querer entrar por la fuerza, no fortalece la paz”, señaló la Fiscal en un discurso en la Asamblea Nacional. “La oscuridad no dura para siempre, ni logra extenderse en su totalidad”, agregó.

MÁS DEL 40% DE LAS EMPRESAS, EN RIESGO POR AUMENTO SALARIAL 

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, aseguró ayer que el aumento del salario mínimo no solo es una muestra del empobrecimiento de ese país, sino que pone en riesgo la estabilidad de más del 40% de las empresas.

El sueldo de los trabajadores venezolanos pasó de 65.021 a 97.531 bolívares, lo que equivale a unos 37 dólares a la tasa de cambio oficial más alta (2.640 bolívares por dólar), con un alza del 50% decretada el domingo por el presidente Nicolás Maduro, el tercer aumento en el año.

Olalquiaga opinó que el hecho de que haya “tantos aumentos de salario mínimo seguidos es una manifestación muy clara del empobrecimiento por el cual se viene pasando”. Indicó que aunque hay un incremento nominal, “el poder adquisitivo ha venido cayendo de una manera dramática”, por lo que el ajuste no mejora la calidad de vida de los trabajadores frente a la crisis, “pero así y todo la dificultad que tienen las empresas para poderlo pagar radica en que sus niveles de operación están muy bajos, están trabajando a un 32 % de su nivel histórico”.

Solo en lo que va de este año –con tres ajustes decretados por Maduro–, el salario mínimo ha experimentado un incremento del 360%, y de más de 1.000% desde enero del 2016, cuando eran 9.648 bolívares mensuales.

Con agencias

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