Joseph Sigelman, el expresidente de la multinacional Petrotiger que aceptó ante una Corte de los Estados Unidos su responsabilidad en el pago de sobornos a funcionarios de Ecopetrol, tendrá que responder ante las autoridades colombianas.
Voceros de la Fiscalía señalaron que ya se activaron los mecanismos de cooperación judicial con EE. UU. para avanzar en una imputación contra Sigelman y Knut Hammarskjold, otro exdirectivo de la multinacional que también aceptó cargo en EE. UU.
Hasta ahora, el único que ha respondido en Colombia por esos hechos es el exgerente Luis Francisco Guinard, quien se encontraba en Canadá y se entregó el 21 de mayo. La Fiscalía le imputó cohecho, falsedad en documento y tráfico de influencias, por los que podría pagar más de 10 años de cárcel.
La tesis de la Fiscalía es que los exdirectivos que están rindiendo cuentas en EE. UU. solo han admitido el soborno que pagaron en un negocio por 39 millones de dólares (lograron un subcontrato en un proyecto manejado por la firma Mansarovar, asociada de Ecopetrol), pero que nada han dicho de las coimas que se habrían pagado en al menos otros cinco contratos.
“Ellos cometieron delitos en Colombia y aquí también tendrán que responder por los otros sobornos”, dijeron fuentes que conocen el caso.
Uno de los contratos que están en el expediente colombiano es el 4024503, firmado con Ecopetrol en 2009 para operar en el pozo Casabe, en Antioquia. Según los investigadores coordinados por el director de la Unidad Anticorrupción, Mario Montes, Petrotiger logró dos ampliaciones gracias a un soborno de 35 millones de pesos pagado al ingeniero Jaime Urueta.
VERSIÓN DEL TESTIGO CLAVE
“Cuando yo tenía la oportunidad de contactar a alguien en Ecopetrol que estuviera de acuerdo en ayudar a Petrotiger a cambio de dinero, lo manifestaba en mi regreso a las oficinas de los señores Sigelman, Knut y Guinard. Cuando ellos recibían la información daban el consentimiento para seguir conversando con la persona y mirar qué oportunidades reales existían de obtener los contratos”. Eso fue lo que dijo a la Fiscalía el testigo estrella en el caso, Mauricio Vesga, quien se desempeñaba como gerente de Ventas y negoció un preacuerdo y un principio de oportunidad.
Vesga, en una declaración conocida por EL TIEMPO, dijo que el ingeniero Urueta afirmó que podía colaborar con la ampliación del contrato pero que “esperaba una ayuda económica”. “El señor Sigelman me preguntó que cuánto significaba esa extensión (para la compañía) y yo le dije que era un promedio mensual de 150.000 dólares. Entonces el señor Sigelman me dijo que le diera un mensaje de agradecimiento a Urueta –dijo Vesga– (...) Él conversó aparte con el señor Knut y (este último) simplemente me dijo que le entregara a Urueta 35 millones de pesos por su ayuda, los cuales fueron entregados a través de la empresa AZ”. La plata se pagó en efectivo en un apartamento de Bucaramanga.
Vesga dio a los investigadores un documento en el que exdirectivos de la multinacional aceptan que autorizaron pagos de la cuenta falsa ‘Palo de agua’, plata que iba a parar a la empresa fachada AZ, de donde salía el dinero para los sobornos. “Las directivas de Petrotiger querían contratos de al menos un año, pero eso era muy complicado por todos los procesos administrativos y solicitudes de recursos y logística técnica” agregó el testigo.
Sigelman y sus socios fueron judicializados en EE.UU. por el pago de 798 millones de pesos al exfuncionario de Ecopetrol David Durán y a su esposa, Elgui Johanna Navarro. Pero en la Fiscalía hay documentadas coimas pagadas a Rafael Castillo (850 millones), Javier González (50 millones), Luis Edison Pachón (85 millones por un contrato y 450 millones por uno en el Putumayo, en un caso que enreda al también ex-Ecopetrol José Miguel Galindo.
“Los directivos de Petrotiger planearon y llevaron a cabo todo un entramado criminal mediante la comisión de un sinnúmero de delitos para favorecer sus intereses económicos en la contratación con Ecopetrol”, se lee en un documento de la Fiscalía.
Petrotiger ha advertido que esos directivos están desvinculados desde el 2011 y que la nueva administración ha colaborado con la justicia de Colombia y Estados Unidos para aclarar los hechos.
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