La principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, presentó ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad de la Ley de Precios Justos, al considerar que “atenta contra las libertades económicas” consagradas en la Constitución.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, declaró desde la sede del máximo tribunal del país que dicha norma, lejos de resolver los problemas de inflación y desabastecimiento, “va a contribuir a acentuarlos”. Destacó que con esta la ley, que establece ganancias sobre los costes no mayores al 30 por ciento, “se violan flagrantemente” varios artículos de la Carta Magna, entre ellos el 62, pues “no fue discutida con nadie”, y el 112 sobre las libertades económicas.
En la norma “se declaran de utilidad pública prácticamente todas las actividades económicas del país”, indicó Roig, quien dijo que, “más allá de los aspectos legales”, lo más importante es que no va a contribuir a resolver “los gravísimos problemas de inflación y desempleo que tiene el país”.
“No solamente estamos recurriendo en favor de las empresas productivas, sino también de los consumidores”, cuyos derechos han sido eliminados “de un plumazo”, apuntó.
El dirigente de Fedecámaras explicó que en el recurso piden medidas cautelares para la “paralización inmediata de toda la ley”, aunque admitió que el diálogo abierto con el Gobierno “puede servir para llegar a unos acuerdos (en materia de precios) mientras el tribunal no se pronuncie”.
CARACAS/EFE