Tuch, que según una fuente consultada por EFE fue suspendido la semana pasada, no ha sido acusado de ningún delito y no se ha podido contactar con él inmediatamente para conocer sus comentarios al respecto.
Esta decisión indica que las investigaciones siguen centrándose en un grupo de ejecutivos del rango más alto directamente involucrados en la supervisión del desarrollo, la producción y el control de calidad del motor diésel.
Tuch no trabajaba para Volkswagen en 2008, cuando se cree que los directivos de la compañía decidieron crear e instalar el dispositivo que falseaba las emisiones de gases de los motores diésel.
Pero los investigadores también se centran en los empleados que podrían haber tenido conocimiento de la existencia de dicho dispositivo y no informaron sobre el mismo.
EL ‘DIÉSELGATE’ REACTIVA EL DEBATE SOBRE LOS COCHES ELÉCTRICOS
El escándalo de la manipulación de los motores diésel de Volkswagen acentuó la presión sobre el gobierno alemán para impulsar un verdadero programa de desarrollo de coches eléctricos, relegados hasta ahora a las declaraciones de buenas intenciones. El Gobierno tomó la delantera de las críticas.
"El diésel tiene un futuro, pero solamente si la industria (automotriz) demuestra que puede haber un diésel realmente limpio", declaró la semana pasada la ministra del Medio Ambiente, Barbara Hendricks.
Hendricks constató además la "amarga ironía de que el dinero de las multas enormes que deberá pagar Volkswagen hubiera podido financiar un programa de introducción en el mercado de millones de vehículos eléctricos".
La ministra recordó que Berlín consagró 1.500 millones de euros en los últimos seis años a la investigación sobre coches eléctricos y prometió estudiar una serie de medidas suplementarias, como incentivos fiscales y subsidios de compra.
El ministro de Economía, Sigmar Gabriel, se dijo "totalmente de acuerdo" con las incitaciones financieras. No dio mayores precisiones al respecto, aunque sugirió imponer cuotas de coches eléctricos en el parque automotor de las administraciones públicas, para "crear demanda".
Esos proyectos fueron recibidos con entusiasmo por la Asociación Internacional de Automóviles (VDIK), que propone una prima "de por lo menos 5.000 euros" por la compra coches eléctricos, "durante una fase de transición".
UN OBJETIVO DIFÍCIL DE ALCANZAR
El gobierno prometió en 2009 que en 2020 circularían un millón de vehículos eléctricos por las carreteras alemanas.
El año pasado reiteró ese objetivo, pero del dicho al hecho hay un trecho cada vez más difícil de salvar: en septiembre de 2015, había en circulación tan solo 19.000 coches de ese tipo en Alemania. El profesor Stefan Bratzel, director del Centro de Investigación del Automóvil de Bergisch Gladbach (oeste), considera que se trata de un objetivo "sencillamente inalcanzable".
"Hay mucha euforia, pero ninguna visión de un verdadero modelo económico" para generalizar la locomoción eléctrica, afirma.
El escándalo de Volkswagen abría las puertas a una "concertación real entre fabricantes, proveedores y autoridades", pero ahora todo puede quedar en una mera "llamarada", limitada a los subsidios a la compra de vehículos, advierte Bratzel.
El éxito de los coches eléctricos depende de la mejora de "la autonomía de las baterías, de las infraestructura y de los precios", subraya. Otro tema de polémica es el de la financiación de los apoyos públicos.
Los Verdes (oposición) exigen una "reestructuración del sistema de impuestos sobre los vehículos", con mayores gravámenes a los coches de grandes cilindradas, "sumamente contaminantes". Pero el gobierno parece poco dispuesto a explorar esa vía.
Con información de agencias