‘El problema de Venezuela no se origina en Colombia’

El presidente Juan Manuel Santos ofreció un subsidio por 250 mil pesos para que los deportados colombianos puedan pagar arriendo, mientras consiguen trabajo y vivienda.

En Cúcuta, el presidente Juan Manuel Santos ofreció el apoyo absoluto a cientos de familias colombianas deportadas por las autor

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En Cúcuta, el presidente Juan Manuel Santos ofreció el apoyo absoluto a cientos de familias colombianas deportadas por las autor

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agosto 27 de 2015 - 03:41 a.m.
2015-08-27

Mientras que en Cartagena las cancilleres María Ángela Holguín, de Colombia, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, terminaron una cumbre de emergencia para resolver la crisis desatada por el cierre de la frontera binacional y la deportación de más de 1.200 colombianos que vivían en el vecino país en supuesta ilegalidad, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que los problemas de Venezuela son originados allá y no en territorio colombiano.

Sin embargo, Santos descartó entrar en una polémica mediática con su homólogo Nicolás Maduro. “Lo que sí quisiera decir (...) es que los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela no son hechos en Colombia o en otras partes del mundo”, dijo el mandatario, quien viajó a Cúcuta a reunirse con las familias deportadas.

El Jefe de Estado visitó los centros de refugio de los connacionales deportados, a quienes ofreció todo el apoyo del Gobierno.

“No es admisible, bajo ninguna circunstancia, la forma en que estos colombianos han sido expulsados, dejando atrás hijos y padres”, dijo al comentar que “este es un drama especialmente sensible”.

Refirió que “a muchos los engañaron. Les han destruido sus casas, sus pertenencias, sus documentos de identidad…”.

“Les rompían las cédulas, los embarcaban y los deportaban... Algunos dicen que eso no es cierto, pero eso fue lo que me contaron…”, apuntó Santos en referencia a lo que han afirmado las autoridades venezolanas. “El país abre los brazos a esos deportados, para que no se sientan forasteros en su propia patria”.

Santos les ofreció planes de trabajo, entrenamiento y un subsidio por 250 mil pesos para que puedan pagar arriendo mientras van consiguiendo trabajo y vivienda. Además, incorporarán a Cúcuta en los planes de vivienda gratis, a los cuales podrán acceder estas familias.

MÁS CUPO DE GASOLINA

Sobre el tema de la gasolina en la zona, garantizó que no habrá escasez. “Los cupos del Norte de Santander no se han gastado”, dijo, al anunciar que se ampliará la cantidad de combustible con precio especial para la zona en un 30 por ciento. “Entendemos su dolor, su indignación, su sentimiento de humillación e indignación, y también estamos exigiendo al Gobierno de Venezuela respeto para estas familias que no son unos paramilitares”.

La frontera entre el estado venezolano del Táchira y Norte de Santander está cerrada hace siete días, por mandato del presidente Maduro, quien ordenó iniciar el llamado Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) para combatir a paramilitares y contrabandistas que operan en la zona. Desde entonces, los militares del vecino país han deportado a colombianos que vivían en el otro lado de la frontera en supuesta situación de ilegalidad.

Al terminar el encuentro de Cartagena, las cancilleres fijaron una agenda de trabajo conjunto entre los dos gobiernos.

La canciller Holguín insistió en la necesidad de que se abra la frontera binacional, porque “esa no es la vía” para solucionar los problemas de la zona. A su vez, la jefe de la diplomacia venezolana aseguró que existe una “manipulación mediática” sobre el supuesto maltrato a los deportados colombianos.

Las cancilleres acordaron trabajo conjunto contra el contrabando de gasolina, el tema de diferencial cambiario, además de la presencia de Fuerzas Militares colombianas en los 47 pasos informales que existen a lo largo de la frontera. Se esperan reuniones entre los ministros de Hacienda y Defensa de las dos naciones en los próximos días.

ACUSAN A OLP DE VIOLENTAR LOS DERECHOS

Desde su inicio el pasado 13 de julio, el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) –anunciado como el Plan gubernamental N° 22 para combatir la inseguridad– “se ha constituido en una carta en blanco para que fuerzas de seguridad cometan excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares”, según la organización de derechos humanos venezolana Provea.

El OLP es el mismo operativo emprendido en los poblados fronterizos por comandos militares, encargados de los desalojos y deportaciones de colombianos. Los OLP se han desarrollado tanto en Caracas, la capital venezolana, como en otras 6 regiones de esa nación para combatir la delincuencia.

Pero el presidente Nicolás Maduro ha dicho que “el objetivo es que se libere de criminalidad, de paramilitares, todas las comunidades del país y podamos vivir en paz, en libertad, todos los venezolanos”.