Los inversionistas a quienes les preocupaba la estabilidad política de España vienen deshaciéndose de sus tenencias de títulos españoles y elevando los costos de endeudamiento de ese país, después de que el 31 de enero pasado estallara el escándalo de corrupción que involucraba al primer ministro, Mariano Rajoy.
Hasta ahora, la permanencia del Gobierno era una de las pocas ventajas que España tenía sobre Italia, su hermana en la enfermedad dentro del área del euro, un país que, en el curso de las últimas décadas, también presenció casi tantas elecciones como Navidades, y que ahora está a punto de protagonizar una nueva votación.
En la realidad, la probabilidad de que el escándalo Rajoy fuerce el colapso del actual gobierno de centro derecha es escasa.
Pero los inversores tienen razón en estar inquietos, porque la estabilidad política involucra más que la mera supervivencia del gobierno de un país: también precisa tener la confianza del electorado en las instituciones que lo gobierna.
En España, las sospechas de corrupción a tan alto nivel corroen esa confianza.
El último día del mes pasado, el diario español El País publicó copias de los que se dice eran los libros diarios de las cuentas secretas de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, actualmente en el mando, que revelaban la existencia de un fondo partidario para fines ilícitos.
El diario decía que se habían hecho entrar a través del fondo 7,5 millones de euros provenientes de donaciones corporativas y supuestamente se habían repartido desde 1997 hasta 2009 a los afiliados sénior, entre los que se contaba Rajoy.
En una declaración, el partido negó la comisión de todo ilícito y Rajoy reiteró esa posición durante ese fin de semana.
Aun cuando el escándalo Rajoy no propicie el colapso del Gobierno, lo perjudicará profundamente.
Le da un nuevo golpe a la alicaída confianza del pueblo en los líderes y las instituciones políticas de España.
A medida que se deteriora la confianza del pueblo en el gobierno de un país, también lo hará el funcionamiento de sus instituciones mayores. Si se deja que empeoren, estas fallas hacen que el entorno empresarial sea inestable y no resulte atractivo para los inversores.
Semejante pérdida de confianza, cualquiera sea su entidad, sería especialmente problemática para un país como España, que se apoya muchísimo en el capital y en la inversión del extranjero para financiar el déficit que tiene en la cuenta corriente.
España tiene una deuda externa extremadamente elevada, que probablemente llega a más del 150 por ciento del producto interno bruto de 2012. Si los inversores extranjeros perciben que el país no es un lugar atractivo para hacer negocios y retiran su capital, se desatará una gravísima crisis en la balanza de pagos.
PROMESA DE POLÍTICA ANTIFISCAL DE BERLUSCONI CAUSA DESCONFIANZA
El ex primer ministro italiano gana votos con propuestas como reintegros de dinero y amnistía a los evasores.
Silvio Berlusconi, el ex premier y evasor fiscal condenado en sede judicial, les ofrece a los contribuyentes reintegros y, a los evasores, una amnistía; ambas son promesas de campaña que les retumban en importancia a los electores y les repiquetea las inquietudes a los inversores.
Las promesas de Berlusconi aumentaron sus chances para la elección parlamentaria de este mes y enfriaron el entusiasmo de los bonistas en lo que respecta al que fue el tercer emisor soberano de deuda con mejor desempeño de toda Europa durante los últimos seis meses.
El rendimiento de la deuda italiana a 10 años subió esta semana a su máximo desde el 31 de diciembre, después de que Berlusconi intensificó su plan de facilidades fiscales, de modo que le permitiera liderar las encuestas de opinión.
El aumento de su popularidad puso a Italia a debatir el rigor presupuestario y sembró dudas sobre el resultado de la elección del 24-25 de febrero.
El multimillonario de 76 años capta muchos votantes que están cansados de la recesión y se oponen a la austeridad impuesta por el primer ministro Mario Monti, durante los 14 meses que lleva en el poder.
La propuesta de reintegros de Berlusconi del 3 de febrero, es por 4.000 millones de euros calculados sobre el impuesto a la primera vivienda del año pasado.
“Es improbable que los bonos italianos publiquen más ganancias antes de las elecciones”, dijo Riccardo Barbieri, economista italiano.