Taxistas protestarán contra Uber este miércoles

Autoridades barajan tres salidas al lío de Uber: declararla ilegal, formalizar su modelo o establecer una categoría de taxis de lujo.

El viernes, el gremio de los taxistas de Río de Janeiro (Brasil) realizó protestas contra Uber y aplicaciones similares.

Archivo particular

El viernes, el gremio de los taxistas de Río de Janeiro (Brasil) realizó protestas contra Uber y aplicaciones similares.

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julio 27 de 2015 - 11:54 a.m.
2015-07-27

La novela entre taxistas y aplicaciones que permiten contratar de manera individual servicios de transporte especial aún no tiene fecha posible para un final definitivo. Lo que sí hay es un hito importante que, además, sucederá esta semana: el paro de taxis previsto para el 29 de julio.

Dicho evento, además, tiene un carácter internacional. Ese día, dicen asociaciones de taxistas en internet, se unirán conductores de Latinoamérica y Europa para efectuar una gran protesta mundial contra Uber y aplicaciones similares.

En Colombia, Uber tiene 10.000 carros afiliados y más de 150.000 usuarios activos cada mes. En los 58 países en los que opera, ha tenido principalmente una fuerte resistencia. En la mayoría aún se discuten soluciones. En otros se ha prohibido o adelantado acciones legales contra conductores y en otros, como México y algunas ciudades de Estados Unidos, por el contrario, se han llegado a acuerdos para su legalización.

Acá, todo parece indicar que el Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, analiza salidas posibles, basadas en una reglamentación de la que no se conocen sus detalles.

El problema se hace complejo pues confluyen distintas entidades como responsables: las autoridades de tránsito y transporte, las secretarías distritales y municipales de movilidad, el Ministerio del Trabajo, y las superintendencias de Industria y la de Transporte. Así que estos los escenarios posibles para la resolución del conflicto.

DECLARARLO ILEGAL

Ya se ha intentado. Grupos de taxistas han interpuesto tutelas, sin éxito, para proteger su derecho al trabajo. Ante la Superintendencia de Industria y Comercio existen dos demandas por competencia desleal. En manos de este ente de control habría la opción de un fallo en tal sentido, que abriría la puerta a la declaración de ilegalidad de Uber. Hay también un proyecto de ley que contempla sanciones para usuarios de estas aplicaciones. En ese caso, solo una ley, orden judicial o administrativa, emitida por una superintendencia, juez o cuerpo legislativo sería la vía para la declaración de ilegalidad y posterior orden de prohibición. Allí entra a jugar el Ministerio de las TIC, pues dicha cartera tendría que organizar con operadores y marcas de móviles el bloqueo de estas aplicaciones.

En cuento a un posible decreto que describa el servicio como taxis de lujo, para Uber “ no es una solución al problema”. Desde su óptica, solo contempla a empresas formales de transporte como las actuales. “Somos una empresa de tecnología, no de transporte que compra carros o cupos. En México se legalizaron los criterios de intermediación de las aplicaciones entre la oferta y la demanda, las cuales deben pagar una licencia anual de operación por vehículo, además de un impuesto por viaje. Así están reguladas las aplicaciones como Uber en varias ciudades del mundo”, explicó Adriana Garzón, quien hace parte de la empresa.

NUEVA REGULACIÓN

El Ministerio de Transporte trabaja en un decreto que saldría en octubre y que crearía una nueva categoría de servicio de taxis de lujo, con unas especificaciones tanto técnicas de los carros (nuevos, con airbags, etc.) como de formación y presentación de conductores para una atención diferencial. “El llamado es a la legalidad. Prestar servicios de transporte sin estar habilitados como empresas, sin tener homologación de vehículos y sin regulación de tarifas es algo que está fuera de la ley”, dijo la ministra de Transporte Natalia Abello.

Reconoció, no obstante, que se requiere de una regulación que incentive la competencia y que contemple nuevas categorías de servicio. “El Plan Nacional de Desarrollo nos habilitó por seis meses para analizar y tomar esas determinaciones”, sostuvo Abello.

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