"Tú vete. Déjame aquí”, imploró la madre de Flor Carrillo, una señora de 78 años de edad postrada en cama, cuando el terremoto más devastador en tres décadas sacudió la Ciudad de México el mes pasado. A regañadientes, Carillo hizo lo que su madre le dijo, y luego vio cómo el apartamento de sus padres en el quinto piso quedó aplastado por los pisos superiores.
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Este arruinado edificio, uno de los cientos que ahora están acordonados, parece casi normal desde la parte delantera, hasta que uno se da cuenta de que parece faltarle un piso y que el de abajo se hubiera encogido. La parte de atrás cuenta una historia más sombría: el hormigón está torcido y extruido, “como un pastel cuyo relleno se rebosó”, asegura Carrillo. Su madre murió.
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Ahora el edificio — construido en la década de 1970 en un terreno comprado por su abuelo y aún propiedad de la familia — tiene que ser demolido. “México sigue en pie”, dice la consigna actual, elogiando la solidaridad mostrada por los civiles que corrieron a unirse a los esfuerzos de rescate tras el terremoto. Pero con los trabajos de demolición que comenzaron esta semana, cientos, quizás miles, de edificios como el de Carrillo serán demolidos.
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Algunos temen que el cambio en la ciudad sea sólo superficial. Los mexicanos se enorgullecen de su capacidad para derrotar su sistema burocrático, que a veces es enloquecedor. Pero burlarse de las normas, la corrupción y la negligencia en la forma de extensiones no autorizadas, normas de mala calidad o inspecciones incompletas pueden haber sido las causas de que algunos edificios se hayan convertido en trampas mortales en la catástrofe, que cobró 369 vidas.
La frustración con las autoridades y las preocupaciones financieras están aumentando: todavía se espera que los residentes cuyos hogares no tienen reparación paguen su demolición, pero más del 90% de las construcciones en México carecen de seguros contra desastres naturales.
Viridiana Ríos, una analista política, se tuvo que mudar. Aunque las autoridades hallaron graves daños en la casa de al lado, dice que sus vecinos trajeron ingenieros privados “quienes les dijeron lo que querían oír”. Pero, “su casa podría caerse sobre nosotros”.
Una página de Facebook creada por estudiantes universitarios para informar a los trabajadores sobre edificios dañados registró más de 2.266 reportes anónimos sobre 1.261 centros de trabajo afectados por el terremoto, donde se espera que asistan más del 92% de los trabajadores a pesar de que casi nueve de cada 10 se sienten demasiado inseguros como para trabajar.
Iniciativas como ésta en los medios de comunicación social podrían desempeñar un papel crucial conforme los mexicanos exigen más la rendición de cuentas por parte de las autoridades. El terremoto — el cual se produjo en el aniversario del gran terremoto de 1985, en el que miles de personas murieron en la Ciudad de México — ha motivado una seria introspección.
Aunque el código de construcción de la ciudad mejoró considerablemente después de 1985, quedaron defectos: los ingenieros de la Universidad de Stanford concluyeron que “algunos de los derrumbes y la pérdida de vidas podrían haberse evitado”.
Algunos edificios colapsados ya se han despejado y las excavadoras están trabajando en otros. Algunas calles en México comienzan a parecerse a una boca con dientes faltantes. Pero los escombros del edificio de Carrillo aún cubren el pavimento. Ahora espera en el limbo, tras haberle solicitado al Gobierno que financie su demolición, alegando que ella no puede pagar.
Los residentes de otro edificio derrumbado han exhortado a las autoridades a que les ayuden a evitar pedir préstamos para la reconstrucción. “No es posible: antes del terremoto teníamos un techo sobre nuestras cabezas”, dijeron, “y ahora tenemos una deuda que pagar”.
Las autoridades de la Ciudad de México, que ha sido gobernada por alcaldes izquierdistas desde 1997, ya son impopulares debido a un percibido aumento de la delincuencia. Como habrá elecciones presidenciales y municipales el próximo año, tendrán que prestar toda la atención que les permitan los fondos para evitar sismos políticos.