Juan Lucas Restrepo Ibiza
columnista

Las tierras del Acuerdo

Los acuerdos sobre tierras presentan un desafío enorme en su implementación, pero son claves para lograr una paz estable y duradera en el campo.

Juan Lucas Restrepo Ibiza
Opinión
POR:
Juan Lucas Restrepo Ibiza
agosto 31 de 2016
2016-08-31 08:48 p.m.
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No me pierdo una columna de María Isabel Rueda. Sus análisis rigurosos y sus opiniones, así se esté a favor o en contra de ellas, son una referencia obligada. Por eso, vale la pena corregir la afirmación que hizo en su columna del pasado domingo en El Tiempo sobre el acuerdo final, en la que dice: “congelar 10 millones de hectáreas productivas en un banco de tierras podría afectar profundamente el desarrollo agroindustrial del país”.

Lo consignado en el acuerdo final plantea un tratamiento integral al tema de la tierra, cimentado en la propiedad privada, y en pro de su mejor aprovechamiento económico y social. Mi forma preferida de leer sobre el tema de tierras, contenido en el punto 1 del acuerdo llamado ‘Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral’, es desordenada, pero me permite comprender mejor el enfoque de lo acordado, iniciando por lo general y luego mirando lo específico. Haga el ejercicio, texto en mano, y saque sus conclusiones.

Comienzo leyendo el punto 1.1.9, que habla sobre el catastro rural y el impuesto predial. Allí se acuerda, entre otras cosas, que en siete años se completará la actualización del catastro rural, que se debe limitar la frontera agrícola con un enfoque de protección ambiental, y se destaca la importancia de dar seguridad jurídica a la propiedad rural, especialmente a la pequeña y mediana.

Luego, paso al punto 1.1.5, el cual habla de la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad, y de garantizar los derechos de las personas que sean legítimas dueñas y poseedoras de la tierra con sujeción al ordenamiento constitucional y legal.
Habla de gradualidad, y se pone la meta de formalizar siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad. Acá vale la pena acudir al punto llamado ‘Principios’, al inicio del capítulo, en el que se plantea que en 10 años se hayan formalizado los siete millones de hectáreas.

Después, vale la pena leer el punto 1.1.8 sobre resolución de conflictos de tenencia y fortalecimiento de la producción alimentaria. Ahí, se habla de la creación de una jurisdicción agraria que, entre otras, debe ayudar a resolver los conflictos que pueda haber en pro de lograr la formalización y de la necesidad de lineamientos de uso de la tierra, atendiendo su vocación y el ordenamiento territorial.

Finalmente, sí es importante entrar al punto 1.1.1, que crea un fondo de tierras que busca beneficiar a campesinos sin tierra, o tierra insuficiente. Se propone una meta de tres millones de hectáreas durante los próximos 10 años, que resulta razonable si se tiene en cuenta que se puede lograr acudiendo a los predios que hoy se encuentran en extinción judicial de dominio (casi todos arrebatados al narcotráfico), a los procedentes de procesos agrarios sobre baldíos indebidamente ocupados y a predios intervenidos hace décadas en zonas de reserva forestal, todo bajo el marco legal existente.

Son esos tres millones de hectáreas, más aquellas mencionadas en el punto 1.1.2 –que habla de subsidios y créditos que faciliten el acceso a la tierra–, las que se restringen en el punto 1.1.6 por un periodo de siete años de poderse vender. Ni son 10 millones ni se “congelan” como plantea María Isabel.

Los acuerdos sobre tierras presentan un reto enorme en su implementación, pero son claves para lograr una paz estable y duradera en el campo colombiano.

Juan Lucas Restrepo I.
Director Ejecutivo Corpoica
@jlucasrestrepo

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