Cecilia Álvarez-Correa Glen
coyuntura

Un llamado a la cautela

Colombia está preparada para enfrentar cualquier reclamación internacional interpuesta por inversionistas extranjeros. 

Cecilia Álvarez-Correa Glen
Opinión
POR:
Cecilia Álvarez-Correa Glen
abril 21 de 2016
2016-04-21 06:50 p.m.
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No existen relaciones humanas sin la posibilidad de un conflicto. Lo mismo pasa con las relaciones entre Estados e inversionistas extranjeros.

Y para canalizar esos conflictos, darles trámite y llegar a soluciones justas y pacíficas, se han establecido instancias judiciales o arbitrales nacionales e internacionales. Así las cosas, un posible incumplimiento de las normas que afectan a la inversión da la opción al inversionista nacional o extranjero a demandar al Estado, con o sin Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), entre los que se encuentran los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En el último mes, Colombia ha recibido por primera vez una reclamación de un inversionista extranjero para ser dirimida por un tribunal arbitral internacional.

A pesar de que es la primera vez que nuestro país deberá defenderse en este tipo de foros internacionales, no es la primera vez que se tiene que enfrentar a una reclamación de un inversionista extranjero. Por el contrario, constantemente el Estado está defendiéndose de acusaciones que hacen tanto empresarios colombianos como personas extranjeras que consideran que sus derechos han sido violados.

Así las cosas, es importante hacer un llamado a la cautela frente a las reclamaciones recientemente presentadas por cinco inversionistas extranjeros (Tobie Mining, Glencore, Eco Oro, América Móvil y Telefónica) contra Colombia bajo Acuerdos Internacionales de Inversión.

Con estas controversias, Colombia pasa a ser el país No. 108, según datos de la Unctad, en ser llamado a defenderse en arbitraje internacional de inversión, lista en la que se ubican países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados de los cinco continentes.

De hecho, se han presentado más de 20 demandas contra España, por su decisión de modificar su legislación en materia de energía eólica y solar; más de 50 contra Argentina, principalmente, por sus decisiones de emergencia económica del año 2001; más de 20 contra México, incluidas algunas resultantes de medidas tomadas por el Estado para proteger el medio ambiente; y más de 15 contra países como Canadá y Estados Unidos.

En la actualidad, solo uno de los casos ha sido registrado ante un centro de arbitraje. Los demás, se encuentran en etapa de consultas, la cual usualmente está sometida a estrictos acuerdos de confidencialidad entre las partes involucradas.

Vamos a manejar estos conflictos con toda la prudencia, evitando presentar cualquier punto de controversia públicamente, porque las declaraciones de ministros y funcionarios públicos pueden y suelen ser utilizadas en contra del Estado dentro de las controversias internacionales.

Hay quienes tratan de confundir, señalando que estas controversias muestran la inconveniencia de celebrar acuerdos de libre comercio, pues aseguran que ponen en evidencia la cesión de las facultades regulatorias en favor de los inversionistas extranjeros.Nada más alejado de la realidad. Lo que se ha pactado es una instancia de solución de controversias, similar a la que se pacta por ejemplo en los contratos de obra o de asociación público privada para la construcción de infraestructura.

Este tipo de pactos han sido avalados por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de todos los Acuerdos Internacionales de Inversión de los que Colombia es parte.

De hecho, la existencia de las controversias demuestra que no existe duda de la competencia del Gobierno (e incluso de otras autoridades, como son las instancias legislativas y judiciales) para tomar decisiones.

En ninguno de los casos está en discusión la competencia de las autoridades, pues la controversia se limita a evaluar si el Estado actuó de conformidad con el debido proceso y de manera no arbitraria. Vale aclarar, que en nuestro derecho administrativo, los inversionistas (nacionales y extranjeros) cuentan también con acciones legales y contractuales para efectuar reclamaciones por los mismos hechos.

Por lo expuesto, es importante que la opinión pública tenga claro que los Acuerdos Internacionales de Inversión, no fueron concebidos ni serán obstáculo para la toma de decisiones soberanas necesarias para salvaguardar el interés público, en especial derechos fundamentales como el derecho a la vida y su corolario del derecho a un medio ambiente sano.

Cabe resaltar que Colombia está preparada para atender de manera adecuada estas controversias. Nuestro país tiene una estrategia (Conpes 3684 de 2010) dirigida a garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en virtud de los Acuerdos Internacionales de Inversión, los cuales no solo parten de buenas prácticas internacionales, sino que son recíprocos para los colombianos que invierten en países con los cuales tenemos este tipo de acuerdos.

El gobierno del presidente Santos ha dotado al país con un sistema para la oportuna prevención e idónea atención de las controversias que pudieran surgir con inversionistas extranjeros, adoptado mediante el Decreto 1939 de 2013 y la Resolución 305 de 2014.

Este sistema, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuenta con un grupo técnico de apoyo interinstitucional y una Instancia de alto nivel del Gobierno encargada de la orientación y formulación de las recomendaciones dirigidas a la idónea atención de las controversias internacionales de inversión que favorece la coordinación de las instituciones y la centralización de información al interior del Estado para la toma de decisiones prontas y eficaces.

Cecilia Álvarez-Correa,
ministra de Comercio, Industria y Turismo.

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