La contribución sobre obra pública

¿Se encuentra vigente la contribución especial sobre contratos de obra pública?

La contribución sobre obra pública

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La contribución sobre obra pública

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julio 01 de 2014 - 01:02 a.m.
2014-07-01

A efectos de resolver la inquietud planteada, consideramos pertinente hacer una breve reseña de los antecedentes de la referida contribución.

Mediante el Decreto Legislativo No. 2009 de 1992, el Gobierno Nacional estableció que por el tiempo que durara la conmoción interior declarada mediante el Decreto 1793 de 1992, todas las personas jurídicas que suscribieran contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebraran adiciones al valor de los existentes, deberían pagar a favor de los entes territoriales respectivos, una contribución equivalente al 5 por ciento del valor total del correspondiente contrato o adición.

Terminada la conmoción interior, mediante la Ley 104 de 1993 con vigencia de 2 años, se incorporó en el ordenamiento jurídico, como Contribución Especial, el pago del 5 por ciento del valor total del contrato o adición por parte de las personas naturales o jurídicas que suscribieran contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes, excluyéndose la celebración o adición de contratos de concesión de obra pública.

Posteriormente, mediante la Ley 241 de 1995, se prorrogó la vigencia de la Ley 104 de 1993 por 2 años y se especificó que la contribución allí regulada equivalía al 5 por ciento del valor total del correspondiente contrato o adición, con excepción de los contratos de construcción de vías terciarias y las adiciones a estos.

Las leyes 104 de 1993 y 241 de 1995 fueron derogadas a través de la Ley 418 de 1997. Sin embargo, en sus artículos 120 a 122, con una vigencia de 2 años, se estableció que una contribución especial equivalente al cinco por ciento (5 por ciento) del valor total del contrato o adición, pagadera por parte de las personas naturales o jurídicas que suscribieran contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebraran adiciones al valor de los existentes. De nuevo fue exceptuada de la contribución, la celebración o adición de contratos de concesión de obra pública.

La Ley 418 de 1997 fue prorrogada por tres años mediante la Ley 548 de 1999.

Posteriormente, el artículo 37 de la Ley 782 de 2002 prorrogó la aplicación de la contribución por el término de 4 años y la extendió a los contratos de obra pública suscritos con entidades de derecho público para la construcción y mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pero la excluyó respecto de la celebración o adición de contratos de concesión de obra pública.

En el año 2006, 4 años después, mediante la Ley 1106 se dispuso otra prórroga de 4 años y se levantó la exclusión de la celebración o adición de contratos de concesión de obra pública.

Finalmente, el artículo 53 de la Ley 1430 de 2010 dispuso que:

“Artículo 53: De la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones. Prorrógase por el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, la vigencia del artículo 120 de la Ley 418 de 1997 modificado por el artículo 37 de la Ley 782 de 2002 y el artículo 6o de la Ley 1106 de 2006. Así mismo, se prorrogará por tres (3) años la vigencia del artículo 121 de la Ley 418 de 1997.”

Como quiera que ley en comento fue promulgada en el Diario Oficial No. 47.937 del 29 de diciembre de 2010, desde el 30 de diciembre de 2013 la contribución especial consagrada en el artículo 120 de la Ley 418 de 1997 perdió vigencia.

No sobra señalar que la Ley 1697 de diciembre de 2013 creó la estampilla pro Universidad Nacional y demás universidades estatales, cuyo hecho generador está constituido por todo contrato de obra que suscriban las entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar del territorio en donde se ejecute la obra, sus adiciones en dinero y en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio del contrato.