Este jueves se dio a conocer el decreto 133 del 2018, en el que se establece que el monto de los subsidios para compra de vivienda que dan la cajas de compensación familiar (CCF), deberán igual los ofrecidos por el Ministerio de Vivienda.
Así, los hogares que estén integrado por una o más personas que ganan entre 0 y 2 salarios mínimos tendrá, como máximo, un subsidio de 30 salarios mínimos legales vigentes, cerca de 23.000.000 de pesos; y si ganan entre 2 y hasta 4 salarios, recibirán un subsidio de hasta 20 salarios (cerca de $15.000.000).
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“El Gobierno Nacional ratifica que las personas que viven solas tienen derecho a acceder al subsidio para compra de vivienda. Anteriormente este beneficio, cuando era otorgado por una caja de compensación familiar, solo cobijaba a los hogares cuyo núcleo familiar estaba integrado por dos o más personas”, señalo el Ministerio en un comunicado.
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Junto con esto, el decreto también permitirá que las personas que hayan recibido el subsidio por parte de una CCF, pero que no hubiesen utilizado ni renunciado a este, queden habilitadas para obtener el auxilio de compra que otorga el Minvivienda a través de programas como Mi Casa Ya.
Adicional a esto, los interesados en comprar casa se beneficiarán de una mayor oferta de subsidios, ya que el Decreto 133 permite que las CCF otorguen el auxilio económico a hogares que estén afiliados a otras cajas de compensación.
Estas disposiciones también favorecen a las cajas de compensación, que ahora podrán ejercer la evaluación de la elegibilidad de los proyectos que son viables para otorgar subsidios de vivienda. En estas condiciones, la valoración la debe hacer una CCF diferente a la que otorgará el auxilio económico.
Igualmente, las cajas de compensación quedan habilitadas para tener una mayor participación en la dinámica inmobiliaria, ya que pueden adquirir derechos fiduciarios para desarrollar proyectos de vivienda de interés social.
Otra disposición del decreto permite que los créditos para compra de vivienda otorgados por las Cajas pueden tener un plazo de hasta 30 años, facilitando el acceso a crédito a hogares de menores recursos.