Sigue rifi-rafe entre a Cámara Colombiana de la Infraestructura y Contraloría por adiciones a carreteras.

Luego de que la Contraloría evidenció que la construcción de las carreteras del país tenían sobrecostos que superaban los 1,5 billones de pesos, la Cámara Colombiana de la Infraestructura respondió que las adiciones no se hicieron por debajo de la mesa.

De esa manera, el gremio de la construcción le salió al paso al reporte del organismo de control que sostuvo que en siete de las 11 concesiones viales analizadas, la Contraloría logró determinar que las adiciones superaron el límite del 50 por ciento del valor inicial del contrato.

“En Cartagena-Barranquilla, por ejemplo, alcanzó el 805 por ciento; en Bogotá-Villavicencio, el 720 por ciento; en Pereira-La Victoria, 602 por ciento; en Zipaquirá-Palenque, 493 por ciento, y en Córdoba-Sucre, 300 por ciento”, dice el informe de la Contraloría.

A esta aseveración, la Cámara de la Infraestructura, gremio que representa a las firmas de ingeniería civil, respondió que las adiciones no solo tuvieron el visto bueno de las entidades contratantes, sino que fueron sometidas a filtros institucionales de la talla del Consejo de Ministros.

“Lo cierto es que las adiciones que la Contraloría cuestiona fueron revisadas y aprobadas por las entidades contratantes y sometidas a todos los filtros previstos en la ley, e incluso a algunos más, como el Conpes, el Confis y el Consejo de Ministros”, indicó el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer.

Sin embargo, la Contraloría se pronunció nuevamente sobre el tema y le respondió al gremio que “autorizar una adición no significa autorizar la violación del contrato”.

Según la Contraloría, es irrelevante que esas adiciones hayan sido autorizadas o socializadas, pues lo definitivo son los impactos contrarios a los intereses del Estado.

La entidad, en la auditoría realizada, evidenció 10 irregularidades entre las que se encuentran el cobro de mantenimientos sobre las obras que no habían sido ejecutadas ni entregadas, la modificación de las tarifas de peaje pactadas inicialmente con el concesionario y el cobro por encima de lo contractualmente establecido.