Foto: Archivo Portafolio.co

Estudio para Planeación destaca ventajas de concesiones.

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) afirmó que las cifras sobre el contrato Santa Marta-Paraguachón usadas en el informe de Econometría para Planeación Nacional son “equivocadas” e “inconsistentes”, y son una muestra más de la “precaria información de que dispone el Inco”, precisamente uno de los problemas que el mismo estudio advierte.

Según el estudio encargado por Planeación y otras cifras similares que manejan la Contraloría y el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), el valor total de esa concesión así como el de Bogotá-Villavicencio es ocho veces el valor inicial.

Mientras el valor inicial de Santa Marta-Paraguachón, según el Inco, la Contraloría y Econometría, es el equivalente a 125.000 millones de pesos (a precios de este año), la CCI dice que “el valor del contrato original de ese proyecto fue de 880.000 millones de pesos”.

Según la CCI, “las inconsistencias obedecen a que mezclan valor de obra con valor del contrato”, y que para determinar el valor exacto del contrato es necesario adicionar los ingresos que remuneran las inversiones iniciales, los costos de operación y mantenimiento, y la utilidad económica que deja la obra al concesionario.

La Cámara dijo que está evaluando detenidamente los últimos hallazgos de la Contraloría, para, conjuntamente con ellos, solicitar las correcciones de sus más recientes informes, cuando a ello haya lugar.

Llama la atención que, aunque según Econometría la concesión ya está en 1,1 billones de pesos, anota que el costo por kilómetro-año de calzada sencilla es bajo, comparado con el de otras concesiones, toda vez que las obras (452 kilómetros) son de rehabilitación de las vías existentes con una mínima parte (5,5 kilómetros) de construcción en el paso de Riohacha.

Tras analizar los contratos, el estudio dice que, en la medida en que se ha ido avanzando, el riesgo se ha ido trasladando a los concesionarios.

“En todos los casos analizados el modelo de concesión presenta ventajas frente a la contratación pública, ofreciendo en neto de beneficios y costos un valor presente alrededor de 3.000 millones superior por cada kilómetro construido”.

Econometría destaca menos costos de operación de los vehículos, mayores ingresos para el Estado, ahorros en tiempos de viaje y menor accidentalidad.