Asociaciones público-privadas son claves en navegación por el Magdalena y tren del Carare.

Cuatro carreteras en doble calzada (Ibagué-Cajamarca, Calarcá-La Paila, Buga-Mediacanoa y Villavicencio-Ciudad Porfía), la rehabilitación del río Magdalena y la construcción del Tren del Carare (para llevar el carbón de Cundinamarca, Boyacá y Santander) son los primeros proyectos que se enfilan para estrenar la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y que requerirán una inyección de 5 billones de pesos de capital privado.

Así se lo manifestó a EL TIEMPO el ministro de Transporte, Germán Cardona, quien sostuvo que “con esta ley se espera que muchos jugadores nacionales e internacionales vengan a invertir en Colombia; este esquema servirá para desarrollar puertos, aeropuertos, sistema férreo y todo lo que sea infraestructura: cárceles, hospitales, puestos de salud, colegios, escuelas, acueductos...”.

Con la ley, el Gobierno buscará la unión de esfuerzos entre los diferentes niveles del Estado y los empresarios e inversionistas para impulsar, desarrollar y hacerle mantenimiento a todo tipo de obras.

En el primer paquete de construcciones que Cardona ve con posibilidad de recibir un ‘empujón’ de privados están las tres dobles calzadas que hacen falta para completar el corredor Bogotá- Buenaventura, prioritario para el TLC, y que ya tienen estudios y diseños.

La carreteras Ibagué-Cajamarca y Calarcá-La Paila comprenden 135 kilómetros y se prevé que la doble calzada cueste 1,5 billones de pesos.

En el caso de la carretera Buga-Mediacanao, tendrá 7,5 kilómetros y la inversión requerida es de 120.000 millones de pesos. Para la vía Villavicencio-Ciudad Porfía, solicitada desde el año pasado por la comunidad luego de un bloqueo de los transportadores, el valor ronda los 102.000 millones de pesos y tendrá dos calzadas rápidas de 10,5 metros, que contendrán 3 carriles de 3,5 metros cada uno.

Otro proyecto prioritario para aumentar la competitividad del país es el río Magdalena. Para recuperar su navegabilidad, el Gobierno necesita 700 millones de dólares.

Hasta el momento, como lo reveló este diario, Ecopetrol, Pacific, Votorantim (dueño de Acerías Paz del Río), y otras firmas internacionales, entre ellas el concesionario que administra el río de La Plata (Argentina), estarían interesadas en este proyecto.

La ley de las APP también podría atraer capital inversionista para encarrilar el tren del Carare, que se calcula costará más de 1.200 millones de dólares. Este proyecto, según el presidente Juan Manuel Santos, ha sido recibido con interés por empresarios chinos y brasileños.

De acuerdo con Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con la norma se busca desahogar al Estado, que “por su propia capacidad presupuestal está limitado en el número de proyectos que puede llevar al mercado. Sin embargo, si un ente privado puede hacer estudios y proponerlos y el Gobierno sea quien evalúe, se amplia muchísimo el número de proyectos que se van a ofertar”.

Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), recomienda que la nueva ley se reglamente pronto y se le haga pedagogía, “para que el mercado entienda que ya existe un mecanismo para estimular la participación de la inversión privada”.

SE OYEN IDEAS PRIVADAS

Con la Ley de las APP, las iniciativas privadas se presentan en detalle a la ANI, que puede decidir abrir licitación. El proponente inicial tendrá una ventaja en puntaje entre 3 y 10%. Si otro proponente mejora la propuesta original, el primero podrá mejorarla en 10 días. Y si no lo hace y se retira, simplemente se pagará un valor por los estudios y diseños realizados.

Christian Pardo Quinn

Redacción de Economía y Negocios