De “fórmulas mágicas planteadas desde el escritorio” por algunos académicos para aumentar el empleo formal, calificó el presidente de Asocajas, Álvaro José Cobo, las iniciativas.

Se trata de las propuestas de desmontar los aportes de los empleadores para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cajas de compensación familiar y sustituirlos con impuestos generales.

Sin nombrar al Consejo Privado de Competitividad (CPC), el duro pronunciamiento se produjo en la instalación del XXIII congreso de Asocajas, cuyo presidente dijo que el ruido que provocan esas tesis reduccionistas generan confusiones en la discusión pública y distorsiona el entendimiento sobre la naturaleza y alcances del sistema de compensación familiar.

La propuesta del CPC, revelada ayer por este diario y que se lanzará la semana próxima, tiene como argumento la necesidad de disminuir los costos no salariales de las empresas para aumentar su competitividad y la generación de empleos formales y reducir la informalidad laboral y empresarial, caracterizada por su baja productividad.

Cobo advirtió que un sector productivo basado en relaciones injustas de trabajo, incapaz de ofrecer condiciones de bienestar a sus operadores, “padece de una grave dolencia que tarde o temprano generará consecuencias irreversibles de orden social y económico”.

El presidente Juan Manuel Santos, que instaló el congreso de Asocajas, reconoció que las cajas son aliados del Gobierno, de los empresarios y de una vida digna para millones de trabajadores.

“Siéntase tranquilo, doctor Cobo, que el esquema que usted defendió en su discurso es un esquema que está funcionando y, como dicen, cuando las cosas funcionan pueden mejorarse, pero no eliminarse”, le dijo Santos.

Para el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, el CPC no puede ignorar que el mundo empresarial ya asimiló los parafiscales. Desmontarlos para que el presupuesto nacional financie las cajas, el Sena y el ICBF, agregó, sería un retroceso.

El directivo también criticó la propuesta de aumentar a cuatro y ocho meses el periodo de prueba para los trabajadores, pues esto sería “una tortura” para los que entren a trabajar, e insistió en que los dos meses actuales son suficientes.

Gómez invitó al CPC a revisar esa postura, que reiteró que es un retroceso, máxime cuando el país está viviendo una bonanza.