El plan para apagar a Uber en Colombia

El ministerio de Transporte instaurará varias demandas para que un juez dé la orden. Se endurecen los controles.

Uber seguirá operando, pese a que Gobierno lo declaró ilegal

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septiembre 04 de 2016 - 04:22 p.m.
2016-09-04

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, reveló el viernes que desde esa cartera se está definiendo “una estrategia jurídica” para, “en cuestión de semanas, instaurar unas demandas con solicitud de medidas cautelares, que permitan desactivar de manera definitiva las plataformas que están facilitando la prestación de un servicio de transporte ilegal en Colombia” (Lea también: Supertransporte le exige a Uber no prestar más sus servicios).

La declaración la entregó durante su intervención en el 10.° Congreso Nacional de Transporte de Pasajeros, en Pereira.

Uber Colombia S. A. S., constituida legalmente en Colombia en el 2013, respondió al anuncio mediante un comunicado: “El progreso sólo es posible a través del cambio e implica defender lo que es mejor para los ciudadanos. El derecho de los colombianos a tener una alternativa de movilidad más segura y confiable, así como el acceso a una oportunidad flexible de ingreso para las personas que necesitan una ayuda extra en su economía, está protegido por la Constitución colombiana. Estamos acudiendo a las instancias que ofrece el ordenamiento jurídico vigente para que ese derecho sea respetado” (Vea también: Uber: entre la innovación y la ilegalidad).

Si bien el Viceministro de Transporte dice que la tecnología y la innovación son bienvenidas en el país, advierte que no se puede permitir que las plataformas digitales faciliten la prestación de un servicio ilegal.

En concepto de Maya, no existe ninguna diferencia entre desarrollar una aplicación para vender productos de contrabando –por ejemplo– y una que facilite y promueva la prestación ilegal de un servicio individual, colectivo o urbano de pasajeros.

En medio de la polémica, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), encargado de apoyar y promover el desarrollo y uso de aplicaciones en el país, le explicó a EL TIEMPO que “la ley colombiana contempla el principio de neutralidad de la red, señalando con claridad que ninguna aplicación puede ser bloqueada” y que “la única excepción a dicha regla son las aplicaciones o páginas dedicadas a la pornografía infantil”.

No obstante, en una declaración publicada en junio por este diario, el titular de esa cartera, David Luna, sostuvo que “el Mintic no puede desmontar ninguna plataforma, salvo que exista una orden judicial”, aunque aclaró que, de darse el caso, serían los operadores de servicios de telefonía y telecomunicaciones los que tendrían que desactivar dichas plataformas.

PIDEN REGULACIÓN

Uber, que opera en 450 ciudades de 76 países, subrayó que no se considera ilegal: “El transporte privado por medio de plataformas tecnológicas no está prohibido en Colombia, aunque estamos de acuerdo en que debe tener una regulación”. Y advierte que hay más de 90 experiencias exitosas de jurisdicciones nacionales que se han modificado para abrir espacio a nuevas alternativas de transporte.

Para el exministro de las TIC Diego Molano, hoy asesor de empresas y varios gobiernos en la región, Uber es un caso típico de la nueva economía digital, frente a la cual es mejor acomodarse y sacarle provecho que declararle la guerra.

En su opinión, según le dijo a la revista ‘Semana’, esta plataforma “ha sido el conejillo de Indias en el país (...), pero este no es un tema de ‘Uber sí o no’. La innovación tecnológica es un fenómeno que seguirá beneficiando a mucha gente y, por eso mismo, afectará a toda la economía tradicional”.

En la reunión gremial celebrada en la capital risaraldense, el viceministro Maya reiteró que se puso en marcha un plan de choque contra servicios de transporte como los de Uber, que no cumplen con los dos principios fundamentales para ser legales en Colombia: que se hagan en vehículos autorizados y a través de empresas habilitadas.

Este fortalecimiento de los operativos para sancionar a conductores y empresas que trabajen mediante tales aplicaciones empezó a regir el 4 de agosto. Desde esa fecha, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía ha registrado 1.302 vehículos inmovilizados por esta causa.

Dos días antes del anuncio del viceministro Maya, la Superintendencia de Puertos y Transporte informó que conminó a Uber a “no facilitar más la prestación de servicios de transporte que no cumplan con la regulación colombiana”, incluyendo su publicidad en cualquier vía, y a “cesar la conducta antijurídica”.

“La intención de la Superintendencia es que la empresa sancionada cese las actividades que venía desarrollando por fuera de las normas. Si se comprueba que sigue realizando tales actividades, se podrían imponer multas sucesivas”, le dijo a este diario Lina María Huari, superintendente delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor. Cada una de estas sanciones sucesivas tiene un tope de 344 millones de pesos (la entidad confirmó en marzo la primera multa a Uber por más de 450 millones, que ya fue pagada por la empresa).

Carlos Guevara
Redacción Domingo