Hasta 15 años sería la pena por caso InterBolsa

El ente acusador comenzó la imputación de cuatro delitos contra la cúpula de la comisionista.

Hasta 15 años sería la pena por caso InterBolsa

Archivo Portafolio

Hasta 15 años sería la pena por caso InterBolsa

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octubre 23 de 2014 - 10:31 p.m.
2014-10-23

Un año después de que estalló el descalabro de Interbolsa y luego de más de cuatro meses de aplazamientos, la Fiscalía comenzó este lunes la imputación de cuatro cargos a los principales magnates de esa firma, entre ellos el expresidente Rodrigo Jaramillo y el inversionista Alessandro Corridori.

La entidad señaló que Interbolsa sabía quién era Corridori, qué empresas manejaba y tuvo una actitud permisiva. Agregó que el inversionista recibió créditos aprobados deliberadamente y sin justificación.

"Había una relación y un interés de Rodrigo Jaramillo, sobre quien hay evidencias de que sabía lo que estaba pasando", señaló la fiscal, quien afirmó que con esas maniobras se afectó el orden económico y social del país.

"Los directivos de Interbolsa tenían que guardar un comportamiento ético adecuado y abusaron y desconocieron la reglamentación vigente", sostuvo.

Administración desleal, operación no autorizada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta fueron las posibles conductas criminales cometidas en Interbolsa, por las que podrían pagar condena de hasta 15 años de cárcel.

Los demás nombres, además de Jaramillo y Corridori, son Carlos Neira, Claudia Jaramillo, Eduardo Colmenares, Andrea Colmenares, Javier Villadiego, Jorge Infante y María Jaramillo, todos miembros de la comisionista de bolsa, que presuntamente habrían sido responsables de la quiebra.

Según la Fiscalía, los responsables de la comisionista se aliaron para manipular las acciones de Fabricato e incrementar su valor.

"Sin sustento económico, se incrementó exageradamente el precio con operaciones fraudulentas", dijo la fiscal del caso.

En el 2011, dice la investigación, la acción se infló en un 214 por ciento, cuando ese mismo año la empresa dio pérdidas por más de cinco mil millones de pesos.

La Fiscalía señaló que el 83 por ciento de Fabricato estaba en manos de 20 personas, entre ellos Corridori, quienes se beneficiaron del manejo irregular de las acciones.

"Hubo un manejo amañado para aumentar las operaciones de compra y venta a su antojo y así aumentar el valor de la acción", indicó la fiscal, tras cuestionar las operaciones que lograron que la acción de la textilera pasara de 26 a 84 pesos en un año.

De la misma manera, afirmó que en diferentes instancias se ventilaba la posible caída de Interbolsa, incluso un año antes de que ocurriera la crisis, sin que nadie hubiera actuado para frenar las irregularidades.

La Fiscalía se prepara para pedir la privación de la libertad de estas nueve personas.

FONDO PREMIUM RENUNCIÓ A SOLICITUD DE ACREDITACIÓN COMO VÍCTIMA 

El abogado Jaime Granados afirmó que esta decisión la tomó para no afectar el proceso por el descalabro de la comisionista de bolsa.

Ante el juzgado 64 con función de garantías, el Fondo Premium había solicitado la acreditación como víctima en el proceso que se adelanta. Sin embargo, "para no dilatar más el proceso" renunció a la solicitud de calificarse como afectado en el caso.

Granados argumentó en su decisión que "se le devuelvan los documentos presentados porque quiere que avance la imputación de cargos y no se afecte más el proceso".

Al comenzar la diligencia judicial, el abogado Granados había solicitado esta acreditación, sin embargo la Fiscalía aseguró que no debe ser reconocido el Fondo Premiun como víctima, debido a que el representante legal del fondo 

Erick Anderson es uno de los investigados por el descalabro financiero de Interbolsa y durante el proceso podría haber un conflicto de intereses.

El ente acusador argumentó que "no encuentra la Fiscalía que se le haya vulnerado ningún derecho a los investigados, porque no se han imputado cargos que no son y para poder explicar una posible ruptura procesal se deben imputar cargos primero".

El representante de la Procuraduría afirmó que "hay que preguntarse y analizar si es cierto el daño que sufrió el Fondo Premiun (...) no se proceda al reconocimiento en calidad de víctimas, que está siendo representada por Granados".

Lombana aseguró que "Granados le quiere meter un gol a la justicia", al pedir la acreditación del Fondo Premium como víctima, sabiendo que el representante legal de la empresa "es un victimario" dentro del proceso.

"Encuentro en la documentación un poder otorgado por el Erick Anderson, y eso demuestra un conflicto de intereses, casualmente la única persona no denunciada por Granados es Anderson, me opongo a esa acreditación por transparencia en el proceso”, señaló Lombana.

Por su parte el abogado Jaime Granados indicó que "no le quiere meter ningún gol a la justicia" porque él no está representando a una persona, sino a un grupo empresarial.