La suerte de 547 empresas de todo el país que incurrieron en insolvencia económica está pendiente de que fructifiquen los respectivos procesos de reorganización que cursan en la Superintendencia de Sociedades.
Se trata de casos que han ido a dar al organismo de control desde el 2007, y la mayoría son firmas consideradas entre pequeñas y medianas, con capitales entre los entre 15.000 y 100.000 millones de pesos.
El propósito de la reorganización es que, bien a instancias de la Súper o por un contacto directo entre ellos, la empresa llegue a un acuerdo con los trabajadores y acreedores con el fin de extender los plazos y dar otras facilidades, como el perdón de intereses, para el pago de las obligaciones pendientes.
Sin embargo, la realidad es otra. Mediante un análisis de 104 firmas que ya pasaron por este camino legal y concluyeron su proceso de reorganización, se observa que 5 que han logrado salir avante y continúan laborando.
Pero 43 finalmente fueron liquidadas y en 31 es cuestión de tiempo que sufran la misma suerte.
Las demás pasaron a otro tipo de procesos dentro de la Súper y se debaten entre el final feliz de la salvación y el triste de la desaparición.
El reto no es de poca monta, si se tiene en cuenta que la totalidad de las sociedades que han entrado en reorganización en los últimos siete años, después de la entrada en vigencia de la ley 116 del 2006 o régimen de insolvencia, involucran activos por 1,4 billones de pesos, pasivos por 723.000 millones y, tal vez lo más importante, significan más de 38.000 puestos de trabajo.
En muchas ocasiones, se trata de las principales empleadoras de una región, y por tanto su desaparición implica el colapso de las economías locales.
En casos como el del grupo Monarca, cuyo plan de reorganización fue aceptado la semana pasada por sus acreedores, la posibilidad de un salvamento implica, además, que 380 familias a las que la constructora les incumplió recuperen sus viviendas.
Otro caso en marcha que destaca el superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, porque de él depende el tratamiento de los lixiviados del lugar de disposición de basuras de Bogotá, es el de la empresa Biogas Doña Juana, que se precipitó a la insolvencia por una caída de los bonos de carbono pagados en euros.
También, la semana pasada sus acreedores aceptaron el plan de reestructuración. “Si se logra rescatar, vamos a evitar un problema ambiental de grandes proporciones”, asegura Vélez.
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