Por esta razón y otras, las subasta electrónicas se han convertido en uno de los instrumentos favoritos usados por entidades gubernamentales para lanzar algunos proyectos.
Al contrario de las subastas tradicionales donde un vendedor quiere ofrecer un producto a un grupo de compradores, las subastas electrónicas, también llamadas e auctions o B2B Auctions tienen un solo comprador y un grupo de vendedores que se disputan la oportunidad de ofrecer sus servicios.
Surgidas a mediados de la década de los noventas en Estados Unidos por la empresa FreeMarkets, las subastas electrónicas iniciaron tras el intento (fallido) de Glen Meakem de implementar esta idea en su empresa, en General Electric, tras lo cual fundó FreeMarkets con Sam Kinney. Años después, y posicionada como una pionera en este segmento de mercado, FreeMarkets fue vendida a Ariba por 494 millones de dólares.
Con clientes como BP, United Technologies, H.J. Heinz, Phelps Dodge, Exxon Mobil y and Royal Dutch Shell, entre otros, el esquema de la subasta inversa pasó a convertirse en un estándar, al punto que el mismo gobierno estadounidense, en 2004, a través de su Office of Federal Procurement Policy (OFPP) la recomendó como un modelo idóneo para el resto de entidades estatales.
En el caso colombiano, la subasta electrónica se fue adoptando lentamente desde sus inicios y por pocas empresas, orientadas por su casa matriz, como el caso de BP y apoyados por Ariba (en ese momento FreeMarkets). Estos orígenes se remontan a la década del año 2000 cuando se hicieron de inmediato manifiestos sus ventajas como los costos asociados y la mejor calidad de las ofertas recibidas.
Otro de las grandes ventajas de este modelo fue su transparencia , Julián Cerón, Director de Preventas Región Andina de CA Technologies recuerda "Las subastas electrónicas tienen la fortaleza de permitir independencia y tranquilidad a la hora de seleccionar uno u otro proveedor, sin embargo, cuando hablamos de adquirir tecnología, quienes optan por estos mecanismos deben ser cuidadosos en cuanto a claridad sobre lo que se realmente se quiere, se necesita y se entrega para no perder el valor en la inversión realizada”.
Voceros de SAP afirman además “Hoy en día, muchas empresas de todos los tamaños ya entienden que la subasta electrónica es una gran herramienta para apoyar el abastecimiento estratégico y que haciendo una buena evaluación de las categorías y combinando la tecnología con modelos innovadores se logran realizar procesos con transformación y grandes ahorros, obteniendo mayor valor para sus compañía”.
Situación en Colombia
Un ejemplo de la popularidad de las subastas de este tipo en Colombia lo dio la pasada licitación del Ministerio TIC de 2014, a través de Computadores para Educar, para entregar tabletas a las escuelas públicas del país. El evento, que requirió una inversión superior a los 91 mil millones de pesos, permitió la participación de 10 proponentes habilitados donde tres fueron los ganadores.
Es importante sin embargo recordar que no es la primera vez que se realizar este procedimiento, ya que desde el 2007 se sancionó la Ley 1150, por medio de la cual se introducen modificaciones orientadas a la eficiencia y transparencia en los procesos de contratación pública. Dentro del nuevo marco normativo existente, se habilitó a las entidades estatales para el uso de medios electrónicos destinados al ejercicio de la contratación de bienes y servicios.
Pero no sólo el sector estatal se ha hecho presente, las subastas inversas son también una práctica común entre las empresas y en diferentes nichos de bienes y servicios de Colombia, ya que además de ofrecer beneficios concretos en el esquema de costos y calidad de oferentes, también son un mecanismo para garantizar la transparencia de las transacciones al realizarse en tiempo real y con total visibilidad entre los participantes.
Para Certicámara S.A, las subastas electrónicas exhiben varios beneficios sobre los sistemas de subastas presenciales al simplificar la ejecución del proceso de selección, no requerir de la presentación personal de los proponentes ni de los funcionarios de la entidad contratante; reducir los tiempos de ejecución de los procesos de subasta; aumentar de las probabilidades de ahorro y crear una mayor confianza en el proceso.