Se avecina ‘cirugía’ a régimen de manejo de empresas

Las únicas que no podrían crearse como S.A.S. son firmas del sector financiero. Además, muchas gabelas de estas sociedades se extenderían al resto, si pasa proyecto que se presentaría esta semana.

Supersociedades tendría más facultades jurisdiccionales.

Archivo particular

Supersociedades tendría más facultades jurisdiccionales.

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mayo 12 de 2015 - 02:20 a.m.
2015-05-12

Varias de las ventajas de las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), que han llevado a que el 96 por ciento de las empresas en Colombia hayan adoptado esta modalidad, serán extendidas a los otros tipos de compañías existentes. Ese es uno de los ocho puntos que contiene el proyecto de ley que será presentado por el Gobierno entre esta semana y la otra para que se someta al examen del Congreso.

“El régimen societario colombiano es de los más avanzados de América Latina. Desde la expedición de la ley 1258, que creó las S.A.S., en el 2008, nos pusimos a la vanguardia y organismos como la ONU y la OEA nos ponen como ejemplo de lo que debe hacerse. Pero ya hay algunas normas que se están volviendo algo obsoletas y creemos que hay que mantener este esfuerzo de actualización”, anotó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, quien será el encargado de defender el proyecto en los cuatro debates que debe surtir en Cámara y Senado.

Las S.A.S. tienen ventajas como la fácil constitución a través de documento privado, las puede formar una sola persona, pueden prescindir de la junta directiva si no se requiere, la libertad contractual con pocas restricciones, la vigencia por término indefinido y con un objeto muy amplio, la flexibilidad en la estructuración del capital, la cantidad de tipos de acciones que se pueden crear y la posibilidad de llegar a pactos sin modificar los estatutos, entre otras.

“No se trata de que las otras (colectiva, de responsabilidad limitada, anónima, comandita simple y comandita por acciones) se vuelvan idénticas; no tendría sentido, porque estas también están diseñadas para proteger a cierto tipo de accionistas, pero la idea sí es adaptar algunas de estas ventajas”, expresó Reyes.

Otra modificación flexibiliza aún más las S.A.S., pues no se requeriría hacer reuniones de asamblea, presentar informes de gestión ni tener revisor fiscal cuando las compañías bajo esta figura tengan un solo accionista, que además es el gerente, como hoy ocurre. Por demás, se extendería la aplicación del modelo de S.A.S. a casi todo tipo de firmas, excepto las financieras.

GARROTE Y ZANAHORIA

Así mismo, si el proyecto es aprobado como está hoy, habrá una política de ‘garrote y zanahoria’. Aumentarían sustancialmente las sanciones que puede imponer la Supersociedades a quienes violen el régimen, por ejemplo negando la información a los accionistas previo a las asambleas, o no entregando informes en las fechas obligadas. Actualmente el límite máximo de la penalización son 200 salarios mínimos mensuales (unos 138 millones de pesos), que resultan risibles para grandes compañías, y pasarían a unos 60.000 millones de pesos. Se mantendrían sanciones como la inhabilidad para ejercer el comercio y el despido de revisores fiscales y directivos, y se incluiría una sanción pedagógica –por ejemplo la realización de un curso– para violaciones leves.

Pero a la vez, se establecen beneficios como disminuir o suprimir la sanción para quien colabore con las investigaciones y aporte pruebas. Así mismo, habría mecanismos de protección a delatores, como la prohibición de que sean intimidados, amenazados o despedidos de la empresa.

El año pasado la Supersociedades cobró multas por un monto cercano a los 8.000 millones de pesos. “Normalmente no se imponen multas muy altas porque corresponden solo a la omisión de un trámite que no se hizo a tiempo”, anotó Reyes.

Otro aparte del texto apunta a modernizar el registro mercantil, posibilitando que la constitución de empresas, fusiones y otros trámites se hagan vía internet. De paso, se asegura que una persona, bien sea vinculada con las compañías comprometidas o particulares que estén interesadas en el tema, accedan a la información desde cualquier lugar del mundo.

BLINDAJE PARA LOS DIRECTIVOS

El tercer capítulo del proyecto modifica la ley 222 de 1995 en lo referente a las responsabilidades de los administradores. Dice que los jueces no deben pronunciarse sobre decisiones de estos a menos que se compruebe que incurrieron en fraude o conflicto de intereses. Hoy día, los administradores, incluida la junta directiva, pueden ser condenados por pérdidas derivadas de sus actuaciones. Sin embargo, el nuevo régimen define mejor el deber de lealtad de estas personas y define mejor los conflictos de intereses al especificar el grado de consanguinidad y afinidad en los que se prohíbe contratar parientes y allegados, el tipo de información que se debe dar a las asambleas y en qué momento, por ejemplo. También es más severo en los castigos cuando no se observa dicha norma.

Así mismo, se protege al administrador contra demandas: facilita la adquisición de pólizas de responsabilidad y establece que la empresa le reembolse al administrador el costo de su defensa si resulta victorioso en un proceso que se genera por su trabajo.

El octavo capítulo contiene mecanismos para proteger a los accionistas minoritarios contra la opresión de los que tienen el control. “La idea es que cuando haya un conjunto de acciones para menoscabar los intereses de ellos, la Superintendencia pueda dictar una sentencia en que se condena a la parte opresora, que normalmente es quien controla la compañía, para que indemnice la parte perjudicada”, anotó Reyes Villamizar.

Añadió que “se trata es de que estas normas sean útiles y que la realidad empresarial corresponda con la realidad normativa”.

neslop@eltiempo.com