Cae 'cartel' de la chatarrización de camiones

La Fiscalía con apoyo de la Dijin capturó seis personas que se dedicaban a armar falsos camiones con piezas de vehículos en proceso de chatarrización y le cobraban al Estado $70 millones por cada vehículo.

Con esta operación, le cobraban al Estado 70 millones de pesos por cada vehículo que construían en documentos mas no en la reali

Archivo particular

Con esta operación, le cobraban al Estado 70 millones de pesos por cada vehículo que construían en documentos mas no en la reali

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noviembre 06 de 2014 - 08:19 p.m.
2014-11-06

Los capturados son Cheiner Gutiérrez Ospina, funcionario del Ministerio de Transporte, Luis Eduardo Aguilar Rodríguez, hermano del expresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC, Pedro Aguilar); Andrés Villegas Ramírez, expresidente de la ACC en el Valle; Germán Cano Jaramillo, Yeni Vanesa Muñoz Gil y Libardo Yaguara.

La banda, conocida como 'Los Desintegradores', fue detectada desde el 2013 y recibía el pago por cada vehículo que presentaba ante el Ministerio de Transporte para presuntamente someterlo al proceso de chatarrización.

El sistema delictivo, explicó Billy Torres, asesor del despacho del Fiscal General, consistía en empezar el trámite de chatarrización y desintegración de los vehículos de carga pesada falsificando documentos públicos y privados en los que constaba la existencia de los automotores armados virtualmente.

En otras operaciones, lograban comercializar el cupo del vehículo virtual. Durante la primera fase de la investigación la Fiscalía halló 52 casos de vehículos que no existen pero que tienen documentos al parecer en regla.

Los tractocamiones nunca existieron; pero la banda cobró al Estado por ellos la suma de 3.640 millones de pesos, teniendo en cuenta que por cada automotor se pagaron 70 millones de pesos.

Las siguientes fases de la investigación conllevan el análisis de 2.875 procesos de desintegración de tractocamiones en el país.

Para lograr el cometido de este ilícito, en la banda había un empleado del Ministerio de Transporte, cuya función principal estaba relacionada con el manejo de los documentos de los vehículos virtuales.

"Esta persona cambiaba en las bases de datos el tipo de servicio de público a particular, de volqueta a tractocamión (esto no lo permiten las normas) o de aumento de la capacidad de carga", dijo un investigador.

Por este proceso, la Fiscalía imputará cargos por los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento agravada, estafa agravada y fraude procesal.