Se abre un nuevo capítulo en los líos de Drummond en el país. El día de ayer, la Contraloría General de la Nación anunció la apertura de dos nuevos procesos de responsabilidad fiscal contra la compañía norteamericana, que se suman a otros dos que ya la involucraban.
Además de liquidaciones inexactas de las regalías que deben pagar por la explotación del carbón, y del daño ambiental causado, el organismo encontró que se realizó una extensión del muelle de cargue de barcazas, de 150 a 589 metros, y el de embarcaciones menores de 32 a 50 metros. Según la Contraloría, en este caso, la empresa debería responder por un daño que ascendería a 113.988 millones de pesos.
“El contrato se amplió en 1997. La compañía incrementó notablemente la extensión del muelle de cargue de barcazas, con respecto a lo que eran las condiciones originales del contrato que se firmó en 1992. No obstante, no incrementaron la tarifa”, explicó la contralora Sandra Morelli.
Por esta irregularidad, agregó la funcionaria, “va a haber un cobro retroactivo, porque lo que se paga en este caso es una tasa y esos recursos no han entrado a las arcas del Estado. Los cálculos de la responsabilidad fiscal están hechos a diciembre del 2012, lo que implica que habrá que hacer una actualización por la deuda al 2013 y traerlos a valores presentes”.
El segundo proceso abierto que involucra a la Drummond se refiere a la tarifa que paga la compañía según la capacidad de los buques que utiliza. “Esta empresa se comprometió a usar buques con un calado máximo para soportar 70 mil toneladas, pero se estableció que cuentan con buques de calado de 160 mil toneladas, lo que excede el compromiso establecido. El daño fiscal asciende -en este caso- a 20 mil millones de pesos”, indicó Morelli.
Al ser consulados al respecto, los voceros de la Drummond señalaron que solo se pronunciarán en el momento en que conozcan y estudien a fondo los hallazgos de la Contraloría.
NO SON LOS ÚNICOS QUE TIENE LA EMPRESA NORTEAMERICANA
La minera ya tenía un proceso abierto hace varios meses, por 50 millones de dólares (100 mil millones de pesos) por indebida liquidación de regalías. La Contraloría estableció que parte del problema radica en que el Estado le ha permitido a Drummond descontar de las regalías las inversiones sociales que ha hecho en infraestructura de transporte para la región.
Una cuarta implicación fiscal contra la compañía hace referencia a la responsabilidad por contaminación ambiental de la bahía de Santa Marta. “Este es un proceso que no puede implicar exclusivamente a la Drummond, pues hay otros que concurren en la misma actividad económica”, advirtió Morelli, al tiempo que señaló que este organismo está por fallar un proceso contra Prodeco, por una cuantía de 100 mil millones de pesos, porque a los usuarios de los puertos se les imponen tarifas subvaloradas.