Cada vez que se habla de reforma agraria sale a relucir el concepto de que la tierra debe ser para quien la trabaja. Y efectivamente, este criterio no tiene contradictores.
Tampoco hay dudas sobre quiénes son los que trabajan la tierra: ¿los grandes, los pequeños productores, o ambos? La respuesta es: todos.
“Estoy convencido de que en nuestro campo caben y pueden convivir la agroindustria con la economía campesina”, dijo el presidente Juan Manuel Santos el pasado 20 de julio en su discurso de instalación de un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República, además de anunciar que el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre el modelo agrario, la adjudicación de baldíos e incentivos al desarrollo rural.
“Lo que queremos es fortalecer las inversiones en el agro y la economía campesina, no poner en peligro el derecho a la propiedad. Es decir, buscamos darle confianza a la inversión en el campo, en todos los niveles”, dijo.
Incluso, Santos se refirió al esquema asociativo entre empresarios y campesinos, como el implementado en Brasil, y que ya es ejecutado en menor proporción en Colombia por los productores de palma de aceite.
Así mismo, los cafeteros colombianos son un ejemplo de la sana convivencia entre cultivadores pequeños y grandes.
En consecuencia, el dilema sobre cuál debe ser modelo agropecuario está resuelto: el Estado debe promover al mismo tiempo pequeña, mediana y gran agricultura.
De hecho, en el país no existe una norma que indique que uno u otro tamaño de la producción está restringido o prohibido.
“Desde luego, aquí no solo pueden, sino que deben, convivir los dos modelos de producción relacionados con el tamaño de los proyectos productivos”, afirma el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López.
Por su parte, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, asegura que ese partido nunca ha estado en contra de los grandes proyectos agropecuarios, sino en la forma como el Gobierno concibe la política rural. “Pensamos que debe existir todo tipo de productores, pero hay que defender de manera especial a la pequeña y mediana empresa antes que privilegiar la cultura de los monopolios y las transnacionales”.
Robledo dice que el consenso se rompe cuando se conceptualiza sobre la estructuración de una política de apoyo a los pequeños productores.
“Nosotros pensamos que esta debe basarse en la formación de campesinos líderes y no en siervos de los grandes productores”.
Y no solo el Gobierno, los gremios e incluso la izquierda, le apuestan al concepto de la diversidad en el tamaño de la producción. Los propios miembros de las Farc que participan en los diálogos de paz en Cuba, coinciden en que el país no puede abandonar o abstenerse de impulsar la gran agricultura.
Es evidente que la oferta productiva y exportadora agropecuaria del país no debe limitarse a los cultivos de las zonas de minifundio, si se quiere competir en el mercado internacional, razón por la cual hay consenso en que Colombia debe generar las condiciones para el desarrollo de grandes proyectos productivos apalancados por inversionistas locales o externos.
PIB DEL AGRO LLEVA 10 AÑOS CRECIENDO MENOS QUE LA ECONOMÍA
El promedio de crecimiento sectorial en la última década es 1,9%, frente al 4,7% del total del sector productivo.
Pero si hay consenso en que el modelo agropecuario del país es incluyente, ¿cuál es el problema?
La respuesta a este interrogante parece sencilla frente al tamaño del desafío: el problema es que el agro no despega y que los pequeños productores están cada vez más aislados.
La evidencia de la crisis de la economía campesina es la explosión de paros y protestas que se han registrado este año en el país, que han sido opacadas por la infiltración de grupos al margen de la ley, al concentrar la atención de los colombianos en los bloqueos y la quema de tractomulas, y no en las razones de su inconformidad.
Y no es que el agro atraviese por un mal momento, sino que la postración viene desde hace muchos años. Su mediocre desempeño (ver gráfico) es el resultado de la acumulación histórica de la deuda social con el campo, y de la que todos los gobiernos han hablado mucho, pero han hecho poco.
SIN CONEXIÓN INTERNA
Para algunos académicos, el modelo económico tiene un problema estructural: en las últimas tres décadas, los gobiernos le han dedicado grandes esfuerzos a conectarse con el resto del mundo, pero se olvidaron de lo interno.
Los expertos consultados por Portafolio sobre este tema coinciden en esta apreciación, pero aclaran que no se trata de rechazar la inserción del país en los mercados internacionales, sino de pedir que al mismo tiempo haya condiciones internas adecuadas para competir en el escenario de la globalización.
Otro problema es la falta de articulación de la política agropecuaria.
“Necesitamos un modelo agrario de Estado, que ponga a todos los ministerios a trabajar en la misma dirección”, afirma Rafael Mejía, presidente de la SAC.
EL DEBATE NO ES NUEVO
La discusión sobre la limitación a la propiedad de la tierra no es nueva.
Tampoco lo es el debate sobre la necesidad de apoyar a los pequeños productores. Está plasmado no solamente en diversos estudios y trabajos de consultoría contratadas por diversos gobiernos que han costado elevadas sumas de dinero, sino en decenas de libros de expertos que explican detalladamente cómo insertar a la economía campesina en la estructura económica del país.
Un ejemplo es la Misión Rural, contratada en 1998 por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Igualmente, el profesor Absalón Machado, experto en economía agraria, dijo en 1991, en su libro Apertura Económica y Economía Campesina: “la reforma agraria debe orientarse a modificar el elemento fundamental de la estructura agraria del país (…) acompañada de acciones complementarias como crédito, asistencia técnica, comercialización, capacitación y organización de quienes acceden a la propiedad”.
Esto confirma que el problema de tierras no solo está sobrediagnosticado, sino que las soluciones planteadas datan de medio siglo atrás.
Y si todo se ha dicho, entonces ¿por qué no se han adoptado las soluciones?
“Por falta de voluntad política”, sostiene el presidente de la SAC.
Con este panorama se concluye que los problemas del agro están sobrediagnosticados, que el modelo inclusivo no está en discusión, que hay que dedicarle más tiempo a lo interno que a lo externo, y que es hora de que el país pague la vieja deuda social con el campo.
COSECHA DE INSTITUCIONES LIQUIDADAS
Al revisar las acciones de los Gobiernos en los últimos 50 años se encuentra que se han hecho muchos ensayos con instituciones creadas para impulsar la economía campesina, pero los resultados no han sido los esperados.
Entidades como Incora, Idema, Himat, Emcoper, DRI, Inpa, Caja Agraria y Corfipesca y hasta Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), ya no existen o fueron transformadas.
Y ni hablar del fracasado programa Agro Ingreso Seguro (AIS). El programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE), dejó de ser una iniciativa que entregaba subsidios a los productores afectados por los TLC para convertirse en un programa de crédito. A ello se suma a falta de infraestructura (vías, plantas agroindustriales y redes de frío),
En la actualidad, el Gobierno estudia la posibilidad de cambiar la política de subsidios y apoyar la economía campesina a través de incentivos a la producción.
Édmer Tovar M.
Editor de Portafolio
