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Dueño de minera Drummond, bajo presión en Colombia y EE. UU.

La agencia Bloomberg da cuenta de los problemas judiciales y económicos por los que atraviesa en ambos países la Compañía Drummond y su dueño Garry Neil Drummond. Un abogado estadounidense lo acusa de complicidad en el asesinato de más de 600 personas.

Gary Drummond es el dueño del 100% de la compañía.

Archivo particular

Gary Drummond es el dueño del 100% de la compañía.

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julio 17 de 2013 - 02:44 a.m.
2013-07-17

Bloomberg afirma que el abogado laborista Terry Collingsworth ha presentado cuatro demandas civiles contra la Drummond Co., dos de las cuales exigían una indemnización a las familias de dirigentes sindicales asesinados en Colombia, al mismo tiempo que representa a los trabajadores en las minas de la compañía en el Estado de Alabama (Estados Unidos), en donde es residente.

El abogado había interpuesto las demandas por la supuesta colaboración de Drummond en la muerte de los jefes sindicalistas Valmore Locarno, Gustavo Soler y Víctor Orcasita en la Costa Caribe colombiana.

En el 2007, la compañía carbonera ganó uno de los casos presentados por Collingsworth ante la Corte del Distrito de Alabama (Estados Unidos), la cual concluyó que Drummond no había asistido o instigado a los asesinos a cometer los crimenes. Otra demanda también fue desestimada el año pasado.

En el caso de la demanda actual, por la muerte de más de 600 personas, presentada en el 2009, Collingsworth demandó a la empresa y a tres ejecutivos. Además del propio Garry Neil Drummond.

La demanda, afirma Bloomberg, señala que la compañía pagó a grupos paramilitares para aterrorizar a la población a lo largo de 190 kilómetros de la línea ferroviaria que une a dos minas de Drummond con su puerto en el Caribe (Santa Marta), torturando y matando a gente inocente para que no dieran refugio a supuestos miembros de las Farc.

El jurista realizó sus demandas en parte bajo el ‘Alien Tort Statute 1789’, el cual le otorga a los tribunales federales jurisdicción para conocer demandas de ciudadanos no estadounidenses por violaciones del derecho internacional.

Afirma que lo hace en Estados Unidos, en lugar de Colombia, en parte por las preocupaciones de seguridad de los demandantes.

En numerosas solicitudes presentadas en el caso, Drummond Co. y sus ejecutivos han negado cualquier vínculo con los asesinatos en territorio colombiano.

Garry Neil Drummond comenzó sus inspecciones mineras en el país en la década de los 80. Después de que abrió su primera mina en 1995, las Farc comenzaron a poner bombas en las vías del tren que transporta el carbón a Santa Marta.

En 1999, de acuerdo con los alegatos de Collingsworth, Drummond comenzó a pagarles a las Autodefensas Unidas de Colombia para proteger la carrilera de los ataques de la guerrilla.

Según la demanda del abogado, contada por Bloomberg, las AUC llegaron por primera vez a la localidad de Becerril (César), a unos 15 kilómetros, y desde, una de las minas de Drummond, desde los años de 1997 o 1998, según el relato de una testigo de la zona.

De acuerdo a Yameris Herrera, quien sufrió el asesinato de su padre y su tío, los paramilitares asumían que todos “los campesinos eran guerrilleros”.

Herrera está entre los cerca de 600 demandantes en la demanda de Collingsworth, todas estas personas que perdieron a miembros de su familia ante el reinado de terror de las AUC a lo largo de la línea del ferrocarril.

El abogado estadounidense afirma que espera ganar la demanda con el testimonio de los miembros de las AUC que han dado declaraciones en virtud de la Ley de Justicia y Paz del año 2005, que recompensa a los que confiesan sus crímenes con sentencias reducidas.

Entre ellos está Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘Samario’.

En una declaración dada en marzo del año pasado, él dijo que Drummond Co. le pagó a su unidad de las AUC para garantizar la seguridad a lo largo de la línea de ferrocarril. “Utilizamos fuerzas letales. Nosotros matábamos a cualquiera que nos dijeran que era guerrillero”, afirmó Mattos.

En un testimonio legal a mediados del año pasado, el señor Drummond aseguró que él tenía poco que ver con las operaciones de la compañía en Suramérica. “Nunca estuve a cargo de nada en Colombia”, indicó, en su momento, según Bloomberg.

¿SALIR DE COLOMBIA?

“La gran pregunta sobre Drummond es cuál es la estrategia de salida”, dice el consultor de la industria del carbón Douglas Blackburn de Blackacre LLC en Richmond, Virginia.

Drummond podría vender las dos minas en Colombia, donde se produce el carbón a un menor costo, a un gigante como BHP Billiton Ltd., dice Blackburn. Los trabajadores de la compañía deciden hoy si van a huelba.

La compañía vende el carbón a más de 30 países en todo el mundo, principalmente el explotado en Colombia.

EL DAÑO AMBIENTAL EN ESTADOS UNIDOS

Bloomberg explica que así como la compañía ha tenido problemas ambientales por contaminación en Colombia, también los tiene en Estados Unidos. En Colombia, al comienzo de año fue declarada culpable por el vertimiento de carbón al mar en Santa Marta.

En Estados Unidos, los ecologistas son los críticos más voraces de la compañía. Un biólogo, ganador de dos premios Pulitzer dos veces para libros sobre la ciencia y la naturaleza, agrega que unos arroyos cercanos a una de las minas de la compañía “no están contaminados. Ya no existen”.

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