En juego, unos $ 580 mil millones por crisis de Estraval

Abogado de los accionistas dice que la deuda con los bancos es de $123 mil millones y de $460 mil millones con entidades no financieras. 

Estraval

Sede de Estraval, en la calle 98 con carrera 21, en el norte de Bogotá.

Héctor Fabio Zamora

Empresas
POR:
Portafolio
junio 26 de 2016 - 09:10 p.m.
2016-06-26

Menos de dos semanas después de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la liquidación de la empresa Estrategias en Valores S.A. (Estraval), el viernes pasado la misma autoridad determinó que también los activos de sus socios mayoritarios correrán la misma suerte, con el fin de ayudar a responderles a los acreedores.

La consecuencia inmediata del auto 400-009647, conocido por Portafolio, es el embargo de los bienes y cuentas de Juan Carlos Bastidas Alemán y César Fernando Mondragón Vásquez, como matrices personales del grupo empresarial.

Estos, según la Súper, además de Estraval, controlaban tres firmas más que actuaban como grupo dentro del negocio de las libranzas: Estradinámicas, Estrategias en Liquidez y Técnicas Financieras (Tecfinsa).

El encargado de llevar a cabo ese proceso de liquidación personal será el mismo de las cuatro compañías, Luis Fernando Alvarado.

Él y su equipo apenas se encuentran recibiendo las reclamaciones de los potenciales acreedores y hasta tanto no concluya ese procedimiento, para el cual hay hasta el 29 de julio, no se sabrá a ciencia cierta cuál es el monto oficial de la deuda.

Sin embargo, fuentes del propio grupo en liquidación aseguraron que su cartera por cobrar asciende a 506 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 250 mil millones corresponden a deudas en mora, es decir de más difícil recaudo. Mientras tanto, a los bancos Estraval les debe 123.000 millones de pesos y 460.000 millones a entidades no financieras.

Intermediarios de créditos

Dichas acreencias surgen de la naturaleza misma del negocio de las libranzas, en el cual estaba Estraval desde hace más de tres lustros. Cuando un trabajador cualquiera necesitaba dinero, contraía un crédito con una cooperativa –casi siempre a 5 años– que en un acuerdo con el patrono de la persona le hacía firmar un pagaré y descontaba las cuotas mensuales de la nómina, método que hace de esta modalidad una de las más seguras de recaudo. Luego el documento, considerado un título valor al portador, era comprado por Estraval, que a su vez lo ofrecía a inversionistas. En cada eslabón se quedaba una porción de los rendimientos por intereses.

Sus nichos eran sobre todo pensionados, militares, policías y personas con un ingreso fijo.

Carlos Darío Barrera, abogado de Bastidas y Mondragón, le explicó a este diario que la operación marchaba bien hasta que se expidió la Ley 1555 del 2012 que les permite a deudores prepagar sus créditos y a los bancos comprar esas deudas ofreciendo intereses más bajos. Eso puso en desventaja a los llamadas originadoras de crédito, como ellos.

Hueco evidente

“En segundo lugar, se presentó un creciente fenómeno de mora por parte de las personas que habían firmado las libranzas. En muchos casos empezaron a autoembargarse por alimentos o créditos preferenciales y evitaban así que se enviara el pago a las cooperativas y que estas a su vez nos trasladaran el dinero a nosotros. Eso fue en cantidades apreciables”, relató el defensor. Admite que el flujo de caja bajó ostensiblemente y, no obstante, la compañía tenía que responder a sus compromisos con los inversionistas, y lo hizo muchas veces dándoles otras libranzas.

En abril, sin embargo, el hueco se hizo evidente. La Supersociedades recibió las primeras quejas de incumplimiento, el 26 de mayo ordenó que Estraval entrara en reorganización y el pasado 15 de junio anunció el inicio de la liquidación judicial, junto con sus filiales.

Previamente, en junio del 2015, la compañía había sido sometida a control y la Súper terminó imponiéndole una multa por no haberse inscrito como grupo, pese a que las mismas personas –Bastidas y Mondragón– controlaran las cuatro empresas.

Fuera de la veracidad de los motivos de la crisis expuestos por Barrera, se ha podido constatar, según expertos de la Supersociedades que conocen del tema, que había un ingrediente adicional: una desorganización administrativa insólita en este tipo de
negocios.

“Por ejemplo, una empresa de libranzas ordenada debería tener cuentas individuales para cada deudor y una tecnología robusta con aplicativos tecnológicos para el manejo individualizado de los clientes, pero la realidad es que Tecfinsa lo hacía de una forma más bien manual”, acotó el funcionario.

Barrera aseguró que desde la reorganización, sus representados ofrecieron aportar activos personales, entre ellos acciones de una entidad financiera, derechos en fideicomisos, maquinaria y hasta un lote valioso en la Costa, todo avaluado en unos 266 mil millones de pesos. Son los mismos que ahora tomará el liquidador para avaluarlos e incorporarlos al cuerpo de bienes de la liquidación. “La filosofía que tenemos acá es que si hay faltante de activos cuando se haga la verificación de todas las libranzas se pueda completar con activos pertenecientes al grupo”, dijo el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

Accionistas solicitan que les permitan abrir de nuevo


Barrera sostiene que la empresa hubiera podido salir adelante si le permiten hacer la reorganización, pero que la orden de liquidación judicial fue como si les hubieran “parado la máquina”, aunque no discute que la Supersociedades tuviera razones válidas.

Asegura que todavía hay salvación si le permiten hacer un acuerdo con los acreedores y devolverse a su estado de reorganización. Dice que la firma no continuaría como hasta ahora, sino que se convertiría en ‘broker’, es decir, que se encargaría de llevarles clientes a los bancos que hacen libranzas.

Por su parte, el superintendente Reyes no descarta esa posibilidad u otras salidas, como que los pagarés de libranzas sean cobrados directamente por los inversionistas, o establecer un mecanismo en el que un tercero distinto de Estraval se haga cargo.

No obstante, es claro en que la decisión dependerá de lo que decidan los acreedores en una audiencia que debe programarse pronto. Hasta ahora se han presentado más de 4.000 reclamantes.

Néstor Alonso López
Redacción Portafolio