Fiscalía cárcel para los 'cerebros' del caso InterBolsa

Ente acusador dijo en audiencia que "tienen los recursos para salir del país y evadir la justicia".

Fiscalía cárcel para los 'cerebros' del caso InterBolsa

Mauricio Moreno/ Portafolio

Fiscalía cárcel para los 'cerebros' del caso InterBolsa

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febrero 26 de 2015 - 07:32 p.m.
2015-02-26

"La justicia no puede ser solo para los de ruana". Así sustentó la fiscal Alexandra Ladino la solicitud de medida de aseguramiento que hizo ante una juez para que los reconocidos inversionistas Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, señalados como los cerebros del desfalco a Interbolsa, sean enviados a prisión como medida preventiva.

Señaló que la gravedad de los delitos que se les imputaron "exigen una posición clara de la administración de justicia". La solicitud busca que también se envíe a prisión a Claudia Patricia Aristizabal, Natalia Zúñiga Isaac, Ricardo Emilio Martínez y Juan Andrés Tirado, también implicados en el caso Interbolsa.

Agregó que los imputados son un peligro para la sociedad y hay riesgo de que no sigan acudiendo al llamado de la justicia.

"Cuentan con los medios para salir del país y eludir la acción de las autoridades como ya lo hicieron creando empresas en el exterior", indicó Ladino. Igualmente cuestionó que afectaron a toda una comunidad engañando a los inversionistas.

La Procuraduría, por su parte, respaldó la petición de la Fiscalia para enviar a prisión a los investigados por el fondo Premium.

La delegada del Ministerio Público consideró que las actuaciones cometidas son muy graves y que si las autoridades no actúan habrían seguido con las irregularidades.

"Han tenido oportunidades en la vida, tienen formación profesional y tenían que mostrar un comportamiento decoroso y transparente", señaló la procuradora.

Durante la imputación de cargos, este miércoles, la fiscal Alexandra Ladino dijo que Ortiz y Jaramillo" crearon un entramado empresarial para mover esos millonarios recursos que habían sido entregados por 1.027 inversionistas, y así evadir los controles de las autoridades nacionales".

Los implicados son señalados de cinco delitos: captación ilegal, no reintegro de los dineros, manipulación fraudulenta de especies, estafa y concierto para delinquir.

Para eso habrían usado más de ocho empresas en Colombia, Panamá, Bahamas y Curazao, en las que aparecían como directivos, dueños o funcionarios.

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