Formulan pliego de cargos contra Postobón, Cerrejón, P&G y Equión Energía por retener las facturas a sus proveedores

Estas compañías se exponen a multas de cerca de 75 mil millones de pesos de comprobarse esta práctica anticompetitiva. 

Pregunte y conserve las facturas: indague en los almacenes donde realice las compras la posibilidad de cambiar el producto y las
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Portafolio
noviembre 08 de 2017 - 11:33 a.m.
2017-11-08

Tras dos años de investigaciones, y luego recoger información de correos electrónicos, por denuncias de varias empresas proveedoras, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargo contra Postobon, Cerrejón, Procter & Gamble (P&G) y Equión Energía por, presuntamente, restringir la libre circulación de facturas.

Para el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, esta práctica prohibida por la ley, es considerada anticompetitiva por no permitir la liquidez de las compañías proveedoras.

Según el Pliego de Cargos, la Superindustria encontró que las compañías investigadas implementaron políticas empresariales para este fin, las cuales fueron retener el original de las facturas emitidas por sus proveedores para evitar que el acreedor endosara o pudiera poner a circular la factura; exigir a los proveedores la emisión de facturas sin el lleno de los requisitos legales con el fin de que no constituyeran títulos valores y por ende no pudieran circular en el mercado de venta al descuento de las facturas; imponer requisitos extralegales para la elaboración de las facturas; obligar a los proveedores a negociar las facturas únicamente con un determinado factor (compañía de factoring o entidad financiera); y finalmente obligar a sus proveedores a negociar o descontar facturas únicamente con ellas mismas (las investigadas) y por ende, no permitir el endoso o descuento con terceros (empresas de factoring, entidades financieras u otras personas) so pena de aplicarles retaliaciones comerciales (penalizar, revisar o terminar la relación contractual).

Así mismo, la SIC formuló Pliego de Cargos contra 15 altos directivos de las empresas investigadas que habrían colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas anticompetitivas investigadas.

Además de las empresas y los funcionarios, la Superindustria formuló Pliego de Cargos contra Deloitte & Touche, Pricewaterhousecoopers, Ernst & Young y Kpmg, que en su calidad de revisores fiscales, habrían incumplido con su deber de pronunciarse en su dictamen anual de revisoría sobre la constancia que debió dejar la administración de las empresas investigadas.

Según el superintendente Pablo Felipe Robledo, obstruir la libre circulación de las facturas afecta directamente al sector empresarial más vulnerable del país, conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas, a quienes se les restringe la posibilidad de negociar sus facturas, esto es, venderlas al descuento a empresas de factoring, entidades financieras o cualquier otro tercero, privándolas de acceder oportunamente a recursos propios derivados de la venta de bienes ya entregados o servicios ya prestados.

De igual forma, las imposibilita de acceder a mecanismos no tradicionales de financiación o liquidez por cuenta de las facturas que no pueden negociar libremente y la limitación de la actividad económica de los agentes que se dedican al factoring –compraventa de facturas- acentúa su vulnerabilidad, confina la posibilidad de innovación, limita la inversión en capital de trabajo, y en sí, restringe el desarrollo pleno de su actividad productiva, supervivencia, consolidación y expansión en el mercado.

Por estas acciones las cuatro empresas se exponen a multas por cerca de 75 mil millones de pesos, mientras que los funcionarios investigados tendrían que pagar sanciones cercana a los 1.500 millones, así como las empresas auditoras. 

Además, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene en investigación preeliminar a 15 empresas más que habrían cometido este tipo de acciones anticompetitivas. 

Según la SIC, tanto la obstrucción de la libre circulación de las facturas por parte de las empresas investigadas, como la omisión del deber de vigilancia de sus firmas auditoras, son conductas que atentan contra el régimen de protección de la libre competencia económica previsto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en concordancia con la expresa prohibición dispuesta en el artículo 778 del Código de Comercio, modificado por el artículo 7 de la Ley 1231 de 2008, adicionado por el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013.

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