Gobierno prepara mayor castigo para carteles empresariales

El proyecto de ley que le presentará la semana entrante al Congreso establece multas más altas, le da competencias penales a la Superindustria y crea una nueva instancia para controvertir pruebas.

En la Superintendencia de Industria y Comercio cursan varias investigaciones por presuntas alianzas entre compañías que habrían

Archivo particular

En la Superintendencia de Industria y Comercio cursan varias investigaciones por presuntas alianzas entre compañías que habrían

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abril 09 de 2015 - 11:38 a.m.
2015-04-09

La multa máxima para las empresas que realizan acuerdos con el fin de repartirse mercados o fijar precios para sus productos va hoy día hasta los 65.000 millones de pesos, y aunque en general resulta un castigo efectivo para disuadir a quienes piensen cometer esta infracción contra la libre competencia, puede no serlo en algunos casos.

Por ejemplo, se tiene estimado que si un cartel opera por una década en un sector con ventas anuales por 2 billones de pesos, logrando un incremento de precios del 20%, las ganancias serían de 400.000 millones de pesos anuales.

Por esta razón el Gobierno presentará la semana entrante un proyecto de norma que endurece las penas y afina algunos aspectos de la actual Ley 1340 del 2009 en lo que tiene que ver con cartelización, abusos de posición de dominio o cualquier otra práctica contra la libre competencia.

El texto está siendo afinado por el equipo técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio. Una de las líneas generales cambia la manera de establecer el monto de la sanción. Hoy esta se tasa en salarios mínimos legales y el tope son 100.000, que equivalen a 65.000 millones de pesos para las empresas infractoras.

Si se logra la aprobación de la nueva Ley, el cálculo dependería de factores como la cifra de activos, el tamaño de las operaciones y las utilidades de la compañía, así como de las veces que haya incurrido en la conducta. “Con esto se garantiza que ninguna empresa termine siendo sancionada por cifras irrisorias”, anotó el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.

El funcionario destacó que aunque la legislación colombiana al respecto es de las más avanzadas del mundo, así se adaptaría a las que rigen en Estados Unidos y Europa. De hecho, la propuesta nace de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), de otros organismos y de centros de pensamiento.

La nueva ley también le daría a la Superindustria la facultad de autorizar integraciones empresariales en los sectores financiero y aeronáutico, que actualmente están en cabeza de la Aerocivil y la Superintendencia Financiera. “Lo que queremos es que estas conceptúen y la SIC autorice. Esto permite unificar la interpretación de la norma”, añadió Robledo.

La legislación vigente contempla un plan de beneficios que exime hasta del total de la multa a una empresa que haga parte de un cartel y que denuncie a sus cómplices, pero no lo permite para aquella que haya sido la instigadora, lo cual ha entorpecido muchas investigaciones, según el superintendente Robledo, y por eso se cambiaría, eliminando la excepción. Así mismo, la SIC podría imputar cargos y ‘empujar’ los procesos penales cuando se presente una presunta colusión en licitaciones públicas (acuerdos para definir un ganador), bajo la figura de acusador privado, pero sin quitarle a la Fiscalía el poder preferente que posee.

De acuerdo con Robledo, sería un cambio útil, dado el alto grado de especialización que se requiere para detectar este tipo de delito, que es de la experticia del organismo de control bajo su mando.

Y aunque el proyecto se centra en darle dientes a la SIC, también contempla una instancia que favorecería a los investigados, pues estos podrían tener una audiencia de alegato ante el Consejo Asesor de Competencia para controvertir las pruebas.

ASÍ VAN PROCESOS EN LA SIC POR ACUERDOS ILÍCITOS EN 7 CAMPOS

Azúcar: está a punto de terminar la etapa probatoria en la investigación contra 12 ingenios, 2 comercializadores y el gremio Asocaña, por presunta obstrucción de la entrada de azúcar al país y supuesta repartición del mercado.

Cemento: antes de finalizar el primer semestre saldría la decisión de la SIC relacionada con cinco empresas y 14 directivos que supuestamente fijaron precios y se habrían repartido las zonas del país para vender cemento gris.

Subastas ganaderas: se investiga a 20 compañías y 21 directivos o exdirectivos que habrían acordado el valor de comisiones por compra-venta de ganado. La investigación va en fase probatoria.

Pañales: implica a 5 firmas y 44 altos directivos o exdirectivos por presuntos acuerdos para aumentar artificialmente el precio de pañales desechables y fijar estándares de calidad y forma de comercialización entre los años 2000 y 2013. Se inició fase probatoria y hay varios delatores.

Papel higiénico y otros papeles suaves: hay implicadas 5 empresas y 42 funcionarios (algunos del anterior caso). Hay delatores y la decisión estaría en el segundo semestre del 2015.

Cuadernos: se formuló pliego de cargos a 3 empresas y 27 de sus altos directivos y exdirectivos. Está en etapa de presentación de pruebas.

Seguridad privada: hay cargos contra 8 empresas y 32 directivos y exdirectivos por acuerdos para presentarse a 252 procesos de contratación pública entre el 2010 y el 2012. Está en recolección de pruebas y descargos. Existe un delator. Fiscalía anunció que imputará cargos a 16 de los directivos.