Abren investigación contra Supersalud por caso  Medimás

Según la Procuraduría, la EPS entró en funcionamiento sin haber suscrito los contratos para garantizar la prestación de servicios.

Medimás

Funcionarios de la propia Medimás han admitido la existencia de irregularidades en la atención.

Óscar Bernal/Portafolio

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octubre 17 de 2017 - 08:19 a.m.
2017-10-17

La Procuraduría Delegada para la Salud ordenó la apertura formal de investigación disciplinaria en contra del superintendente nacional de Salud, Norman Muñoz, y de los delegados y funcionarios del nivel asesor, profesional y técnico que participaron en la habilitación de Medimás.

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Los cargos por los que deberán responder se resumen en una frase: haber permitido que la EPS entrara en funcionamiento sin que tuviera lista la red de IPS, profesionales de la salud y clínicas necesarias para atender a sus afilados: cerca de 5 millones de personas, heredados de la desaparecida Cafesalud.

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Además, el Ministerio Público advierte que no existe ninguna norma que le permita a la Súper otorgar plazos, como lo ha venido haciendo, para que se cumpla dicho requisito, que afecta directamente el derecho a la salud.

La Procuraduría sustenta su decisión en cientos de quejas instauradas por pacientes de diferentes regiones del país que alegan no tener acceso a la salud. También, en cartas enviadas a los organismos de control por Asemi, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos.

LA EVIDENCIA

En estas manifiestan su preocupación sobre porqué Medimás entró en funcionamiento sin haber suscrito los contratos para garantizar la prestación de servicios ni en el régimen contributivo ni en el subsidiado, el de las personas con menores ingresos.

Incluso, funcionarios de la propia Medimás han admitido la existencia de irregularidades en la atención. Una de ellas, Constanza Lugo, gerente de la EPS en el Huila, aseguró que si bien no contaban con contratos legalizados con proveedores, sí tenían certificados y acuerdos de intención con las IPS como garantía.

Ese tipo de situaciones han llevado a la suspensión de servicios en algunas regiones, como Risaralda, donde el hospital San Vicente de Paúl cesó la atención a los afiliados de la EPS.

Así las cosas, para la Procuraduría es claro que Medimás “entró en funcionamiento sin acreditar la capacidad técnica y científica necesarias para el correcto desempeño de sus funciones, al carecer de una red contratada de instituciones prestadoras del servicio de salud y de profesionales de la salud disponibles en todos los niveles de complejidad que le permitieran cumplir con sus obligaciones”.

De hecho, para el Ministerio Público hay evidencia de que “la Supersalud autorizó su operación a pesar de las advertencias efectuadas por la Procuraduría General; haciendo caso omiso de miles de quejas y denuncias formuladas por los usuarios a nivel nacional relacionadas con la ausencia total o parcial de la red de servicios médicos”.

Y agrega que, a pesar de la situación, la entidad se ha abstenido de tomar las medidas cautelares correspondientes para que no se incumplan dichos requisitos.

Hasta este viernes, la Supersalud no había sido formalmente notificada de la investigación.

No obstante, de manera reiterada, la entidad ha advertido que sí se están tomando los correctivos necesarios para que Medimás les cumpla a sus pacientes y al Estado. De hecho, se han descartado las solicitudes de que la EPS, con menos de dos meses de funcionamiento, sea intervenida.

LO QUE HA HECHO LA SUPERSALUD

Desde que empezaron a aparecer las primeras quejas de los afiliados a Medimás, la Supersalud anunció el fortalecimiento de mecanismo de vigilancia especial, principalmente en la atención al usuario.

Además, han advertido que en materia de la red prestadora de servicios, durante el proceso de habilitación de la EPS se plantearon 1.500 instituciones y el siguiente paso consistía en que, una vez entrara en operación, se hicieran los contratos.

Según la Súper, hace un mes dicho proceso iba, en el caso del régimen contributivo, en más de un 60 por ciento y en el subsidiado en un 65 por ciento. No obstante, han reconocido dificultades en la red de cáncer.

EL TIEMPO

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