Estado no indemnizará a dueños de Granahorrar

La Corte Constitucional indicó que el Gobierno cumplió con todos los protocolos para los accionistas

Archivo Portafolio.co

La entidad se fue a la liquidación.

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mayo 27 de 2011 - 05:11 a.m.
2011-05-27

 

La Corte Constitucional tumbó ayer una sentencia del Consejo de Estado que obligaba a la nación a pagar cerca de medio billón de pesos (240 mil millones de capital y unos 300 mil millones de intereses) a los accionistas del desaparecido banco Granahorrar.

El alto tribunal consideró que la demanda -que exigía una reparación por los supuestos perjuicios que causó la decisión del Gobierno de Andrés Pastrana de intervenir y nacionalizar el banco- era ilegal, pues no fue presentada dentro de los términos de ley.

Por unanimidad, los magistrados del tribunal constitucional acogieron un proyecto de fallo que presentó su colega Mauricio González, quien señaló que los accionistas contaban con cuatro meses de plazo para presentar la demanda después de la intervención, y esa acción sólo fue presentada dos años después.

La Superintendencia Bancaria intervino a Granahorrar en octubre de 1998. Ante la crisis financiera por la que pasaba la entidad, las autoridades decidieron declararla en cesación de pagos y en estado de insolvencia, y ordenaron a los accionistas capitalizar el banco.

Los accionistas no cumplieron con lo exigido por la Superintendencia, ante lo cual, para evitar el pánico económico y proteger a los ahorradores, el Gobierno tomó posesión del banco y lo nacionalizó.

Para adoptar la medida, las autoridades monetarias redujeron el valor de las acciones y las cotizaron a un centavo cada una.

Estas medidas, dijeron los accionistas, fueron adoptadas por el Gobierno sin una previa comunicación, lo que supuestamente les impidió tomar decisiones y causó un perjuicio a sus inversiones.

En el 2007 el Consejo de Estado les dio la razón a los demandantes y declaró la nulidad de las decisiones de la Súper sobre Granahorrar, y ordenó el pago de la millonaria indemnización.

La Corte consideró que en este caso se había presentado la figura de la caducidad de la acción y ordenó dejar sin efectos el fallo del Consejo de Estado y dejar en firme el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Los accionistas sabían

La Corte Constitucional comprobó que la intervención del Gobierno y su decisión de nacionalizar si no había una capitalización se informó al presidente del banco, quien les comunicó la situación a todos los accionistas. En el 2000, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda. Esa decisión fue impugnada ante el Consejo de Estado, que condenó a la Nación a pagar.

REDACCIÓN JUSTICIA 

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