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Investigan detrimento en contratos de operadores móviles

La Contraloría encontró que solo se pagó el 10% de lo pactado y no hubo estudios técnicos.

Investigan detrimento en contratos de operadores móviles

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Investigan detrimento en contratos de operadores móviles

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abril 10 de 2013 - 12:21 p.m.
2013-04-10

Tras una revisión a los contratos de los operadores de telefonía móvil, ordenada por la contralora general, Sandra Morelli, en noviembre del año pasado, se encontró un posible detrimento patrimonial de la Nación en la renovación de las licencias de las compañías Movistar y Claro (en su momento Celumóvil y Comcel) que suma 238.000 millones de pesos.

Durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado a la gestión del ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el contralor delegado para la infraestructura y las comunicaciones, Nelson Izáciga, reveló, en respuesta a las inquietudes planteadas por el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López, que “la Contraloría encontró en el estudio técnico que para cada operador se dejó de cobrar (a precios del 2012) cerca de 119.000 millones de pesos, es decir, alrededor de 238.000 millones de pesos de detrimento patrimonial”.

Los operadores de telefonía móvil deben pagar una licencia por el uso del espectro radioeléctrico para comunicaciones móviles (recurso limitado que hace parte de la soberanía nacional), la cual se puede renovar cada 10 años, según establece la Ley colombiana.

En este caso, las prórrogas de las dos compañías se hicieron de forma anticipada en 1997, a tan solo tres años de firmar el primer contrato de los dos operadores móviles (en 1994), cuando se desempeñaba como Ministro de Comunicaciones, Saulo Arbolada, y fueron ratificadas en el 2004, cuando manejaba la cartera Martha Pinto de De Hart, hasta el 2014 cuando se negociará una nueva prórroga.

De acuerdo con Izáciga, como parte de las revisión “se solicitó al ministerio de las TIC los documentos que soportaban las prórrogas de las concesiones de telefonía móvil celular en el país y con sorpresa se encontró que las prórrogas no tenían estudios técnicos, jurídicos ni financieros, lo cual hace que no exista un parámetro para establecer el valor de esas concesiones”.

Además, señaló el contralor delegado, “vemos que se pagó una cifra cercana al 10 por ciento en el valor original de los contratos que se adjudicaron”, los cuales superaron los 330 millones de dólares cada uno.

Estos resultados preliminares hacen parte de la revisión de los contratos ordenada por la contralora Morelli para analizar una posible modificación en éstos que les permite vender a terceros su infraestructura (lo que varias compañías han hecho), ya que en lo pactado en 1994 las antenas debían entregarse al Estado una vez concluya la concesión y no sea renovada.

Redacción Tecnología

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