A diferencia de lo que sucede con cualquier hogar colombiano, si una cárcel, una estación de servicios, un hospital o una escuela, entidades públicas que dependen de la Nación y que están protegidos constitucionalmente, se atrasa con el pago de la factura de energía eléctrica, ninguna empresa les puede cortar el servicio.
Sin embargo, si el Estado se atrasa en alguna factura no hay ninguna norma que le permita a la empresa tomar una medida que le obligue a pagar su obligación.
Así lo explicó el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis, José Camilo Manzur Jattin, quien señaló que el Estado ya le debe a las empresas que su gremio representa 400 mil millones de pesos.
“En los últimos dos años esa deuda se ha duplicado, y a pesar de que hemos hecho gestión con la Procuraduría, la Contraloría, no hay dientes que nos permitan exigir que paguen esa deuda”, explicó.
El vocero gremial agregó que se necesitan “dientes” para poder facilitar la devolución de este dinero.
“Por ejemplo, que se les exija un paz y salvo de servicios públicos a esos usuarios para poder tener transferencias a la Nación”.
De acuerdo con Manzur Jattin, esta deuda representa un tres por ciento del total de la facturación de las empresas, pero es la tercera parte de lo que le tiene que ingresar a las empresas por cuenta del Estado.
La empresa más afectada por esta situación es Electricaribe, pues es en la costa Atlántica donde se concentra el 50 por ciento de la deuda oficial.
Por otra parte, el gremio confirmó que del valor de los subsidios que debe pagar el Gobierno para los estratos 1 y 2 solo queda un saldo de $ 135 mil millones.