Ley castigaría soborno de empresas en el extranjero

Establece multas hasta por 200.000 salarios y prescripción del delito solo a los 10 años.

El pago de comisiones para otorgar contratos no ha tenido un castigo adecuado cuando se convierte en delito transnacional.

Archivo particular

El pago de comisiones para otorgar contratos no ha tenido un castigo adecuado cuando se convierte en delito transnacional.

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noviembre 03 de 2014 - 09:09 p.m.
2014-11-03

Las empresas colombianas que sean detectadas pagando sobornos en el exterior serían multadas hasta con 200.000 salarios mínimos (132.000 millones de pesos actualmente), inhabilidad para ejercer el comercio y para contratar con el Estado por 20 años, y hasta 15 años de cárcel. Así lo contempla un proyecto de Ley radicado el viernes pasado por el Gobierno en la Cámara de Representantes.

La propuesta sigue las orientaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde), el club de economías desarrolladas al que aspira a entrar Colombia en el 2016.

La norma tiene especial importancia en un contexto donde grupos empresariales locales se están expandiendo a mercados externos. De hecho, las llamadas multilatinas colombianas han invertido en la última década 36.000 millones de dólares en el extranjero, multiplicando por siete el monto de inversiones de la década anterior.

El cohecho (dar dádivas a funcionarios) está penalizado internamente, pero tiene poca aplicación cuando el delito ocurre por fuera del país o los funcionarios implicados son miembros de otros gobiernos.

VACÍOS CRUCIALES

De acuerdo con el proyecto, las normas vigentes tienen vacíos en la definición del soborno internacional y restringen la responsabilidad patrimonial de las personas jurídicas y en especial en las entidades sin ánimo de lucro a actuaciones que hayan sido consentidos por el representante legal o los administradores. Así mismo, para sancionar a la empresa, se requiere que, previamente se haya condenado al funcionario penalmente.

La Ley se aplicaría por ejemplo cuando una compañía o entidad sin ánimo de lucro se presenta a una licitación pública y le entrega dinero a un funcionario para ganarse en una licitación en el extranjero o cuando el acto tenga lugar por fuera del país pero se concreta dentro de él. Según el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, ya hay por lo menos dos denuncias al respecto que no se han podido tramitar de manera eficaz por falta de un marco regulatorio. “Esta norma lo que va a hacer es trata de crear un régimen homogéneo con países más avanzados, como los de la Ocde, que tienen esa clase de pautas en sus legislaciones y con eso logran un grado mayor de transparencia”, añadió Reyes.

La Supersociedades y la Superfinanciera tendrían facultades de investigación y de trabajo conjunto con las fiscalías y organismos de control de otras naciones para realizar pruebas. De la misma forma, se precisa el grado de prohibición a la contratación estatal con personas y entidades que hayan financiado campañas políticas y se reducen los aportes permitidos.

El delito solo caducaría a los 10 años.

PRIORIDAD: REFINAR EL PROCESO DE PAGO DE OBLIGACIONES

La presentación de leyes para modificar el régimen concursal (normas que regulan el pago de obligaciones económicas entre empresas y personas naturales), será una de las prioridades del recién posesionado superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, según le explicó a ‘Portafolio’ en su primera entrevista.

“Por ejemplo, se reducirían términos, agilizarían alguno procedimientos, se virtualizarían tramites y refinarían algunos puntos que de pronto no fueron lo suficientemente claros en la Ley 1116 del 2006”, dijo.

Al preguntarle por la impronta que quiere dejar en la institución, Reyes destacó que en los últimos años la entidad ha agilizado sus trámites y en dos años logró 120 sentencias relativas a sociedades, algo antes no visto. “Lo que queremos es reducir aún más los plazos y mostrar que hay un sistema de justicia rápido y razonable”, añadió.