Así lo señaló ayer el superintendente de Industria y Comercio, José Miguel De La Calle, al presentar un balance sobre su gestión al frente de esa entidad.
Esa suma se incrementa notablemente frente a los 2.900 millones de pesos en multas que impuso la entidad por ese motivo durante el año pasado.
El funcionario descartó que la nueva legislación que incrementa el monto de las sanciones económicas fueran las causantes de esa situación, dado que muchos casos fallados son anteriores al 2009 y se deben regir por normas vigentes antes de ese año.
Entonces, el incremento lo atribuye a un mayor énfasis de la entidad en la tarea de investigación y sanción.
Esto significa que algunas empresas han participado o promovido ‘carteles’ para favorecer sus intereses, en detrimento de los recursos públicos y de los propios consumidores.
Se estima que en estas investigaciones en marcha están comprometidos recursos por 4,5 billones de pesos.
En materia de protección al consumidor, el año pasado la Superindustria expidió 826 sanciones por 4.114 millones de pesos, mientras que este año se impusieron 1.495 sanciones por 20.000 millones de pesos.
El valor por medio de la sanción individual ha aumentado de 4,9 millones de pesos a 13,3 millones de pesos, aproximadamente.
Insistió en el objetivo de reducir el tiempo de respuesta, especialmente, a las personas que radican sus quejas por inconformidad en la venta de bienes y servicios.
Actualmente, el tiempo de un trámite de garantía puede tardar un año, pero el objetivo es que se reduzca a tres meses, dice el plan de metas del organismo.