Mario Andrés Urán, director general de la EPS pública Caprecom, la más grande del régimen subsidiado y que llega a 743 municipios de los 32 departamentos del país, asegura que si bien tiene deudas grandes, es “viable financieramente... Tenemos un problema de caja, que se puede resolver”, sostiene.
¿Quiénes son sus deudores?
Los municipios nos deben 278 mil millones de pesos; otras EPS -cuyos afiliados atendemos, porque ellas no hacen presencia en todo el país-, y entes territoriales nos adeudan 203 mil millones de pesos.
¿Cuál es su principal acreedor?
Los hospitales y las clínicas del país, con foco en Medellín.
¿Qué alternativas hay para solucionar los problemas de caja?
La primera es que el Gobierno nacional la capitalice con 264 mil millones de pesos. Las otras son medidas adicionales, que también son urgentes. Entre ellas están, por ejemplo, que la Contraloría obligue a los entes territoriales a que se pongan al día en sus cuentas atrasadas con el régimen subsidiado, con corte a 31 de marzo del 2011; que se agilice el proceso de giro directo de recursos del gobierno a las EPS del subsidiado, sin intermediación (es decir, sin que pasen por municipios y departamentos), y que se eliminen los embargos de recursos del régimen subsidiado, que son del orden de los 57 mil millones de pesos. Estas acciones, puestas en marcha por abogados en diez departamentos, han detenido el flujo de recursos en algunos municipios y departamentos.
¿Esta situación de déficit es nueva?
Cuando hice el empalme, en noviembre del año pasado, se dijo que la operación en Antioquia y Medellín había sido deficitaria en 91 mil millones de pesos; en ese momento Caprecom entregó la población que tenía afiliada en Medellín a otras EPS del subsidiado. Cuando llegamos encontramos que Caprecom operaba, por una decisión de Estado, unos hospitales que también devolvimos porque eran deficitarios.
¿Se hizo corte de cuentas durante el empalme?
Sí, en agosto pasado, durante el empalme de los dos gobiernos; la situación de iliquidez era de mayor relevancia en ese momento. Entonces se pidió la autorización de un crédito y una capitalización para la EPS.
Se propuso la intervención, pero ya se habla de liquidación. ¿Qué opina?
Insisto en que financieramente la EPS es viable, aun cuando tenemos la necesidad imperiosa de liquidez. Por su naturaleza pública y su papel regulador dentro del sistema, es necesario que siga operando.
Decisiones de gobierno convirtieron a Caprecom en intermediario y operador dentro de algunos procesos de liquidación. ¿Afectó eso la liquidez de la EPS?
Precisamente esas decisiones de Estado nos llevaron a solicitarle al Gobierno nacional que las revise y capitalice la entidad.
Caprecom admite millonarias deudas, pero niega ser inviable
Mario Andrés Urán, director general de la EPS, decenas de alcaldías y gobernaciones de regiones donde la EPS está presente le adeudan a Caprecom esa suma, y esa es la razón principal de las obligaciones que la entidad mantiene, a su vez, con varias IPS (hospitales y clínicas), cercanas a los 425.000 millones de pesos.
Solo los municipios en donde presta sus servicios le deben 278 mil millones de pesos. Por eso, aseguró Urán, “la EPS buscará la forma de que el dinero que les deben los entes territoriales sea girado directamente a los hospitales y clínicas con los que tiene obligaciones”.
En declaraciones a varios medios de comunicación, el director de la EPS más grande del régimen subsidiado, con 3,6 millones de afiliados y que cubre el 67 por ciento del país, también fue enfático en decir que Caprecom “no es financieramente inviable”.
Urán afirmó que para hacerles frente a las dificultades de la entidad, la EPS llevó el caso al Consejo de Política Fiscal (Confis) a finales del año pasado, y dijo que le solicitó al Gobierno Nacional "120.000 millones para solventar el sistema".
Además, aseguró que la EPS tiene en estos momentos 57.000 millones de pesos embargados por orden de un juez, y dijo que es “insólito que eso suceda, pues los recursos destinados a la seguridad social de los colombianos son inembargables”.
Dentro de los afiliados a esta EPS se encuentran, además de millones de personas que no tienen capacidad para cotizar al régimen de salud, miles de reclusos de todo el país.
La Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) ha estado en el ojo del huracán esta semana pues se especula que podría ser la próxima EPS intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, tras la intervención forzosa, la semana pasada, de Saludcoop.
La Supersalud ya cerró el informe de la visita que realizó a Caprecom hace poco, y asegura que en máximo tres semanas revelará los hallazgos que se hicieron al analizar su gestión administrativa, financiera y contable.
El organismo de control enviará luego ese informe a Caprecom para que dé las explicaciones del caso, en un máximo de 20 días, y luego decidirá si interviene o no a la EPS.
Este martes, de hecho, durante una reunión de los 32 secretarios de Salud departamentales del país con el superintendente Nacional, Conrado Gómez, el tema salió a flote y el encargado de la Salud en Antioquia pidió que Caprecom fuera intervenida.
Según Carlos Mario Rivera, secretario de Salud de ese departamento, "si hubo argumentos para que la Superintendencia de Salud interviniera a Saludcoop, existen más para intervenir a Caprecom, una EPS que está abusando de su posición dominante dentro del régimen subsidiado”.
REDACCIÓN SALUD