Ola de atentados pone en riesgo la inversión petrolera

El recrudecimiento de los atentados contra la industria de los hidrocarburos en el sur del país tiene a las empresas pensando en iniciar su retirada. De 49 contratos vigentes, 25 están suspendidos.

Unos $5.000 millones invierten las empresas para atender la emergencia.

Portafolio

Unos $5.000 millones invierten las empresas para atender la emergencia.

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junio 16 de 2015 - 03:45 a.m.
2015-06-16

El Putumayo nunca ha sido una zona fácil para la operación de las empresas petroleras.

La fuerte presencia del frente 48 de las Farc, la deficiencia en la infraestructura de transporte de crudo y las exigencias sociales de recursos para salud, educación y empleo son elementos con los que las empresas que operan en la zona tienen que trabajar en el día a día.

Sin embargo, la más reciente oleada de atentados en contra de la industria petrolera tiene en jaque a más de una empresa.

La primera en lanzar la voz de alerta fue Vetra Group, cuyo presidente y cofundador, Humberto Calderón Berti, señaló a Portafolio que este miércoles será definitivo para determinar si debe o no declarar fuerza mayor en sus contratos.

Según explicó Berti, esto no significa que la empresa se vaya de la zona, pero sí que deja de operar, al menos hasta que se normalice la situación, lo que dejaría sin empleo a cerca de 1.500 personas, la mayoría del municipio de Puerto Asís.

“Los impactos van a ser grandísimos para el municipio y el departamento, puesto que la empresa ofrece un sinnúmero de aportes a la economía local”, explicó el secretario de Gobierno de Puerto Asís, Jaime Silva.

Sin embargo, para Silva las empresas tienen la responsabilidad de activar el plan de contingencia en cuanto ocurran este tipo de atentados.

“Nosotros tuvimos una reunión con Vetra, en la que manifestamos que si la empresa petrolera no se encuentra en condiciones económicas para atender esta clase de contingencias que ponen en riesgo a toda la ciudadanía, aunque saben que en cualquier momento puede ocurrir, lo mejor sería que reconsideren su operación”, agregó el funcionario.

Para Calderón Berti la situación es insostenible.

“Operar bajo la amenaza permanente es un problema. Hace apenas una semana nos lanzaron 16 cilindros, quemaron dos carrotanques y destruyeron un descargadero y otras instalaciones y eso es permanente (...) El año pasado destruyeron más de diez puentes que construimos, no solo para nuestra operación, sino para todo el mundo, eso nos cuesta”, señaló.

Agregó que el año pasado pagaron 8 millones de dólares para atender este tipo de contingencias. Este año asumir este sobrecosto con los precios de petróleo deprimidos no es tan sencillo.

IMPACTO GENERALIZADO

La situación es similar para otras compañías que operan en la zona. La semana pasada, en la vía de Puerto Asís a la vereda Alea en Putumayo, un grupo de personas armadas interceptó una caravana de carrotanques y obligó a derramar parte del crudo.

La caravana llevaba petróleo de la firma Amerisur, que de inmediato tuvo que activar el plan de contingencia para recoger el crudo.

Este derrame, aunque fue menor al registrado en la zona de La Cabaña el pasado lunes, se produjo en una zona más poblada.

De acuerdo con la relación de contratos de exploración y producción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, de los 49 contratos vigentes que están en la cuenca Caguán-Putumayo (que incluye también áreas de Meta y Caquetá), 25 están suspendidos, en su mayoría, por problemas de orden público.

Lo paradójico de la situación es que, a diferencia de otras cuencas del país, la falta de recursos es el último de los problemas de esta región.

Estudios preliminares de la Universidad Nacional proyectan 2.340 millones de barriles en recursos prospectivos en la cuenca. Una cifra que podría multiplicar por dos las reservas actuales de hidrocarburos del país, pero que no se podrá verificar si no es posible adelantar los programas de exploración en la zona.

REUNIÓN CLAVE

Hoy se realizará una reunión entre funcionarios del Ministerio de Ambiente, del Interior, Gobernación de Putumayo y varios municipios del departamento, para evaluar de qué manera se atenderán a las personas afectadas por los recientes derrames de crudo.

Se planteará, por ejemplo, que la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las víctimas intervenga en la zona, ya que los hogares afectados por el derrame de crudo deben ser atendidos.

“Hay más de 80 familias que dependían de estas fuentes hídricas, la recuperación demora mucho tiempo. Hay propietarios de animales y de ganado, de peces que fueron afectados y que de alguna manera, a través de la ley de víctimas, tienen que recibir alguna compensación por los daños”, explicó el Secretario de Gobierno de Puerto Asís.

Nohora Celedón

@Nohoraceledon