El 23 de diciembre, en una reunión en la sede de la Superintendencia de Sociedades, el veterano constructor antioqueño Álvaro Villegas Moreno aceptó que él y tres miembros de su familia tienen el poder decisorio no solo de la empresa que construyó el edificio Space, sino de 15 firmas más.
Con base en esto, la Súper acaba de declarar la ‘situación de control’ de él, de su esposa Beatriz Mesa y de sus hijos Pablo y Mauricio sobre la Fundación Santa Cruz de la Sierra y Surquesa Investments, ambas con base en Panamá.
Estas además son el vehículo de inversión para catorce compañías radicadas en Colombia, también controladas por ellos, entre las que están Calamar CDO, Vifasa CDO, Alsacia CDO, Acuarela CDO, Promotora Sanpam, Inversiones Quitasol, Luengos y Lérida CDO. Las cuatro primeras están en reorganización y las cuatro siguientes en liquidación.
Además, su voto sería concluyente en la Urbanizadora Teruel, Mycra, Bepamar CDO, Inversiones Cristalinas, Concretodo y Perijá Inmobiliaria.
La consecuencia directa, según explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, es que los acreedores del grupo CDO –que construyó el colapsado conjunto Space y otros cinco proyectos con fallas estructurales– podrían demandar que las demás firmas del conglomerado sean solidarias con la reparación por los perjuicios causados.
ACUERDOS AVANZAN
En varias ocasiones, las víctimas han manifestado su temor de que los recursos de CDO no alcancen para cubrir las acreencias o de que se estuviera realizando el traspaso de bienes a otras compañías ligadas con la familia Villegas.
Aunque no se ha revelado el monto de los activos de las empresas, con el paso que dio la Supersociedades, los damnificados podrían incluso exigir que las demás empresas respondan.
Reyes explicó que la declaratoria anunciada “no impide que en el futuro se vinculen nuevas compañías al conglomerado, en calidad de subordinadas” si se llega a establecer un vínculo.
En octubre del 2013 fallas en la torre 6 del conjunto Space obligaron a evacuarlo y luego este colapsó ocasionando 12 muertes. Posteriormente, la Alcaldía de Medellín ordenó la demolición de lo que quedaba de la urbanización (5 torres). Hubo 161 propietarios afectados.
Pero además cerca de 2.000 personas se declaran como damnificadas por las fallas en otras edificaciones hechas por CDO. Hasta ahora, el 30 por ciento de los perjudicados por este grupo –entre ellos el 92 por ciento del Space– han suscrito acuerdos de pago a cambio de renunciar a demandas.
Elkin Hernández, representante de las víctimas, celebró el anuncio de la Supersociedades y dijo que esa entidad está actuando con eficiencia y rapidez. “Ya ordenaron diligencias que nos dan esperanza, porque en esas empresas vamos a encontrar capital que nos permita recuperar la totalidad de los recursos invertidos”, aseveró.
NUEVO PLAZO PARA QUE LOS AFECTADOS SE ACREDITEN
Delegados de la Superintendencia de Sociedades se reunirán esta semana en Medellín con el alcalde Aníbal Gaviria, con víctimas de Lérida CDO, la Defensoría del Pueblo y otras entidades. Se espera que de allí salga la fecha límite para que los afectados por el grupo CDO se constituyan como víctimas. Esta estaba prevista para el 2 de enero pasado, pero, tras una demanda interpuesta a finales de diciembre, un juez de la capital antioqueña ordenó correr el plazo en cuatro meses para que todos los afectados alcancen a registrarse.
