Pago a afectados del Space tardaría más de 12 años

Entre los puestos iniciales de la larga fila de acreedores de la firma CDO, en liquidación, no están los propietarios de apartamentos en las etapas 1, 2, 3 y 4 que la Alcaldía de Medellín espera demoler en menos de dos meses.

Alcaldía ordenó demolición de las torres 1 a 4, luego del estudio de la Universidad de los Andes.

Diana Sánchez

Alcaldía ordenó demolición de las torres 1 a 4, luego del estudio de la Universidad de los Andes.

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julio 15 de 2014 - 01:38 p.m.
2014-07-15

Luego de entrar en un proceso de reorganización, avalado por la Superintendencia de Sociedades, el agente liquidador entró a verificar los activos y pasivos de la compañía y desde un comienzo solicitó, a las autoridades, suspender la orden de implosión para las estructuras y aceptar el plan de repotenciación con el fin de asegurar recursos para los reclamantes.

Pero lo que desde un comienzo ha preocupado a los propietarios de apartamentos en lo que queda del Space, es que al declararse en una insolvencia financiera, la firma justifique el no pago de sus reclamos.

Según el abogado Mauricio Andrés Parra, experto en derecho administrativo y catedrático de la Universidad de Antioquia, por Ley, la preferencia para que la polémica constructora responda la tienen empleados, bancos y las entidades gubernamentales a las que les deban tributos y obligaciones.

Siendo así, la lista de prioridades de CDO la cubrirían los recursos representados en activos, de los cuales el monto aún desconoce el liquidador. Se habla de que la firma antioqueña propiedad de la familia Villegas y con una mayoría accionaria del exalcalde de Medellín, Álvaro Villegas, tendría un patrimonio de 90.000 millones de pesos.

Sin embargo, las deudas superarían ese monto y, ni contando con el lote del Space, alcanzaría para responder a los reclamos económicos de los propietarios.

“Que no tengan plata (CDO) para pagar a los afectados es una gran posibilidad. Cuando las liquidaciones son forzosas si se cumple con un 50 por ciento de esos pagos, es un éxito. Ahí no entrarían los afectados”, afirma Parra.

EL ESTADO, ÚNICA INSTANCIA

Carlos Ruiz, uno de los afectados acepta con preocupación esa realidad. Por eso, insistentemente, ha pedido a las autoridades tomar medidas puntuales para garantizar las obligaciones con las cerca de 80 familias afectadas: “Lo que buscan es declararse en quiebra y dejar 10.000 millones de pesos para decir que eso es lo que tienen para negociar”, asegura Ruiz.

Tanto Ruiz, como un grupo de propietarios de los también evacuados conjuntos de CDO Asensi y Continental Towers, anunciaron demandas contra el Estado para asegurar los pagos.

De acuerdo con Elkin Hernández, representante de los propietarios de ese conjunto residencial, es una demanda que vienen preparando desde febrero pasado.

“Hubo omisión, no necesariamente de esta Administración, pudo haber sido de las de antes. Buscamos la restitución del patrimonio y las afectaciones económicas y sicológicas que hemos sufrido”, añade.

Ese camino es, para Parra, el que les quedaría como única instancia. No obstante, ese proceso sería largo y complejo.

“¿Quién les responde? A esta gente le toca recurrir a otras instancias. Si la falla fue del constructor, este no va a tener con qué pagar. Pero el Estado también va a decir que actuó con confianza legítima en esa firma y en el Curador Urbano que autorizó la obra de infraestructura. Ahora, si lo que se pretende es la responsabilidad del Estado, posiblemente en 12 años la demanda no la habrán resuelto”, concluye Parra.

VIGILANCIA A TODO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN

El primer paso que las autoridades darán para vigilar el proceso de liquidación de CDO, será cuando este miércoles les den las pautas a los acreedores de la constructora para reclamar sus derechos.

Para comenzar, la Superintendencia, como autoridad judicial encargada del proceso, anunció que hará cumplir la ley con el propósito de proteger el crédito y recuperar y conservar los activos del Grupo CDO frente a eventuales y presentes reclamaciones de los acreedores.

Por su parte, el Municipio de Medellín, también recalcó su disposición, apoyo y respaldo a las decisiones que tomen las entidades del Estado para que se respeten y se cumplan las órdenes judiciales.

“De manera conjunta, la Alcaldía de Medellín y las diferentes autoridades nacionales, vienen trabajando para que se restablezcan los derechos de los acreedores”, agregó la vicealcaldesa de Educación, Claudia Restrepo.

De igual manera, la Superintendencia de Sociedades indicó que continuará monitoreando la evolución de la fiducia mercantil de administración y pagos con el fin de que Lérida Constructora de Obras S.A. atienda las obligaciones de la aludida sociedad hoy en liquidación judicial.

MEDELLÍN