“El país ha avanzado mucho en la meritocracia”

Según Liliana Caballero, directora de la Función Pública, la meta es superar el rezago de la carrera administrativa y mejorar la imagen del Estado.

Liliana Caballero

Desde agosto pasado, Liliana Caballero es cabeza del Departamento de la Función Pública.

Claudia Rubio

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junio 13 de 2016 - 10:21 p.m.
2016-06-13

Antes de que termine este Gobierno, la meta del Departamento Administrativo de la Función Pública –algo así como la oficina de Recursos Humanos del Estado– es desatrasar en buena parte el rezago acumulado que se tiene en la implementación de la carrera administrativa.

Liliana Caballero, cabeza de esta entidad, habla además de los retos en cuanto a mejoramiento del desempeño del sector público y de la imagen de los empleados estatales.

¿Cuántos funcionarios tiene nuestro Estado?

Somos 1’165.000 servidores, incluidas todas las ramas del poder público. De libre nombramiento y remoción hay 20.551, de planta temporal son 7.482, docentes son 320.046, 430.864 uniformados (FF.MM., policía, etc.) y 76.956 de carrera administrativa en la rama ejecutiva.

Existe el estigma de que el Estado es una guarida de ineficientes. ¿Qué decir?

No en vano la Constitución del 91 cambió la denominación de funcionario público por la de servidor público y esa es una tarea en la que estamos permanentemente empeñados, porque no es solo un discurso ni un eslogan. Funcionario es quien simplemente cumple sus funciones y servidor es el que está, como corresponde, al servicio de la comunidad.

¿A qué niveles se está cumpliendo la ley de cuotas de mujeres?

La ley hablaba de un 30% de los cargos en manos de mujeres. Vamos en 39% en primer nivel directivo (ministras, viceministras, secretarías generales y subdirectoras, entre otras) y en 45% del segundo nivel (directoras y asesoras).

Pero más allá de la norma, lo que ha pasado es que las mujeres hemos tenido la posibilidad de capacitarnos y tener mucha más experiencia laboral, por eso ya la gran fuerza laboral de las mujeres está en capacidad de competir.

¿Qué tanto avanzamos en meritocracia, que es una de sus funciones?


El país ha avanzado mucho. Por ejemplo, los que se llaman legalmente servidores de libre nombramiento y remoción, que son quienes ejercen cargos de confianza, como los viceministros, secretarios generales, directores y otras personas, anteriormente respondían a un lineamiento discrecional del Presidente, los gerentes o los ministros, pero hoy están obligados a pasar un proceso que incluye una prueba de capacidades. Y una vez que ha pasado esa prueba, las hojas de vida se cuelgan en el portal de la Presidencia, donde cualquiera puede oponerse u objetar el nombramiento.

Casos como la conformación de terna para Fiscal General generan discusión frente a la meritocracia.

El Presidente hubiera podido presentar su terna sin un proceso previo, y se abrió la posibilidad de que se presentaran más de 100 personas. Es una cosa muy diferente a simplemente escoger a A, B y C.

Pero finalmente quedaron los que sonaban desde el principio.

De todas maneras hubo un proceso.

¿Qué cobertura tiene la carrera administrativa?

A pesar de que existe desde el año 2004, hoy día las cifras son las siguientes: en el orden nacional aún nos queda un 29,7% de servidores de carrera que están en provisionalidad, y en el orden territorial, es el 65,2%. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que todas esas personas ingresen a una carrera administrativa que no sea simplemente una patente de estabilidad en el empleo público, sino que permita el desarrollo de las personas y un sistema de evaluación serio.

¿Qué de malo tiene eso?


La provisionalidad es un problema muy grave porque tú estás de manera transitoria en un empleo y no estás comprometido, ni sujeto a evaluaciones cuidadosas, no te capacitan, no haces parte del Estado, y es una fuente de clientelismo si no se proveen todos estos cargos mediante concurso.

¿Por qué pasa esto?

En el 2005, la primera propuesta fue hacer una convocatoria masiva, a través de la cual ingresaron muchas personas, pero otras quedaron en lista de elegibles y todavía hay un poquito de personal que está sin que se le solucione el tema. Luego se dijo que nos fuéramos por entidades, pero no todas tienen el presupuesto para poder hacer sus concursos. La elección de alguien para un empleo vale 8 millones de pesos en promedio, y el concurso se demora dos años.

¿Qué están haciendo para resolver el asunto?

En el Plan de Desarrollo se incluyó una norma que dice que los concursos de manera general se van a hacer a través del Icfes y con acuerdo marco de precios para disminuir costos y tiempos. En esto estamos trabajando de manera muy cuidadosa con los sindicatos, los jefes de talento humano y los miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Llevamos como cinco jornadas muy largas de trabajo para ver qué requiere mejor gestión y qué requiere reformarse por ley.

¿Qué meta tiene al respecto?

Es un tema muy importante y en este Gobierno tenemos por lo menos que acabar todos los concursos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y la idea es que logremos en la parte territorial un porcentaje altísimo.