Planes de seguridad vial para
bajar siniestros en empresas

La ley 1503 de 2011 y varias normas complementarias obliga que las
compañías con más de 10 carros a su servicio implementen los PESV. 

Santiago Henao Pérez

Santiago Henao Pérez, director del Centro de Estudios de Vías y Transporte de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

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Portafolio
marzo 18 de 2016 - 09:13 p.m.
2016-03-18

Las empresas que cuenten con más de 10 vehículos en su operación, bien sea propios o a través de terceros, están obligadas a formular y ejecutar un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), a riesgo de someterse a una millonaria sanción si no se lo presentan a la respectiva secretaría de tránsito y transporte donde quede su sede o a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Esta es una de las medidas con las cuales el Gobierno busca unirse al propósito de la ONU de bajar las víctimas por accidentalidad vial a la mitad para el año 2020, pues esta es la causa de muerte de 1,3 millones de personas al año en el mundo.

El ingeniero Santiago Henao Pérez, director del Centro de Estudios de Vías y Transporte de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, explica lo que conlleva la implementación de los PESV.

¿Qué debe tener un PESV?

Lo primero es la gestión de la seguridad vial, con una agencia u oficina que se dedique a esto. El segundo pilar es hacer vías de tránsito y movilidad más seguras. Tener vehículos más seguros; usuarios más seguros, o sea capacitación, y una respuesta adecuada, lo cual tiene que ver con un buen sistema de atención de emergencias. Es importante también que tengan indicadores de medición de las acciones.

¿En qué se diferencia eso de lo que vienen haciendo compañías?

Las empresas estaban muy enfocadas a la salud en el trabajo. Ahora lo que se busca es que todos los empleados, desde el gerente hasta e último portero, estén involucrados en la seguridad vial como algo de rutina.

¿Cuál es la base legal que sustenta esa obligación?

Son tres o cuatro normas: la Resolución 1564 del 2014 que es la que expide una guía metodológica para la elaboración de los planes, el Decreto 2851 del 2013 y la Ley 1503 del 2011. Hablan de que las empresas pequeñas, medianas o grandes con mínimo diez vehículos constituyan estos planes. Las más grandes deben constituir una unidad dedicada a la gestión y prevención de los accidentes de tránsito.

¿Qué tantas empresas le están dando importancia a esto?

Hay una buena receptividad porque muchos administradores y gerentes son conscientes del riesgo que tienen sus empleados, que desde que salen de su casa viven una odisea, y lo que se quiere es que tomen las medidas de prevención para evitar siniestros. No hay calculado un número de empresas, pero se nota buen ambiente por ejemplo en la Andi, en los comerciantes y las cámaras de comercio están promulgando que los PESV se constituyan en las empresas.

¿Qué beneficios puede traer el PESV?

Beneficios tangibles en la reducción de la accidentalidad, rebaja en horas de incapacidad médica, disminución en el pagos de indemnizaciones por fatalidad y, obviamente, un beneficio en bienestar y en mejorar las condiciones de toda la familia, porque esto las debe permear.

¿Cuánto puede costar su implementación?

Para empresas pequeñas el costo puede ser por la asesoría de un experto; serían unos ocho millones de pesos por un plan anual; pero una empresa que tenga una flota de carrotanques y vehículos, por ejemplo, necesitaría una inversión un poco mayor.

¿Hay profesionales suficientes para esto?

El problema es, que sacada la ley no hay fácilmente quien la implemente. Existen ingenieros industriales, civiles, de transportes y vías que pueden estar en condiciones de elaborarles el plan a las empresas, pero no hay un número capacitado muy grande. Por eso estamos dictando seminarios de accidentología vial, en la universidad tenemos una maestría en tránsito y transporte, además de cursos y diplomados en auditorías de seguridad. Nuestra escuela ha sido pionera en el área de seguridad vial.

¿Desde cuándo se empezarán a imponer las multas?

La ley da seis meses, contados desde el 6 de junio del 2014, aunque se ha ido prolongando varias veces el plazo sin que salga el decreto reglamentario, pero máximo a finales de este año ya tendrían que estar vigentes las multas y deberían empezar a darse sanciones económicas, aunque antes debe haber un periodo pedagógico para que la gente asimile bien las normas.