Proantioquia pide trabajar por una paz sostenible

"El atraso rural es tal que el criterio no es qué se debe hacer, sino qué se puede hacer, en el diálogo con las Farc", dice presidente de la entidad. 

Rafael Aubad, presidente de Proantioquia.

Rafael Aubad, presidente de Proantioquia.

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Portafolio
mayo 16 de 2016 - 08:12 p.m.
2016-05-16

Con la convicción de que un acuerdo de paz es beneficioso para el sector productivo y para el país en general, el presidente de Proantioquia, Rafael Aubad, expresó su satisfacción en torno al avance de los diálogos de La Habana. El dirigente habló con Portafolio sobre el tema.

Andi y Proantioquia vienen haciendo un seguimiento cercano de las negociaciones con las Farc. ¿Cuál es su visión general del proceso?

Este es un proceso lleno de oportunidades y aún de incertidumbres. Pero tiene una agenda y una metodología bien ponderadas por quienes conocen de estos temas, y una actitud del equipo negociador del Gobierno ejemplar. Ha tenido la paciencia y la inteligencia para responder a la orientación de que: “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Hablan de 15 pendientes importantes. ¿Cuáles son?

En primer lugar, es necesario aclarar que se trata de una contribución académica y empresarial, pensando en la sociedad en general, y evitando las angustias propias de muchas sociedades en posconflicto, donde resultó mucho más costoso mantener la paz que hacer la guerra. Propósito que es del gobierno, pero que mientras más apoyo se le dé más elementos tendrá para tomar la mejor decisión para hoy y mañana.

En temas de prioridades, los puntos de mayor atención son: el Fondo de Tierras, el Sistema de Información Catastral y los programas de desarrollo con enfoque territorial.

De igual importancia, en asuntos de participación, las Circunscripciones Transitorias Especiales y las curules directas para las Farc. Y, sin duda, cómo serán designadas y quiénes harán parte de las instancias de la justicia transicional y la comisión de la verdad.

¿Por qué dicen que algunos de esos pendientes pueden hacer inviables los acuerdos?

Porque en muchos de ellos, especialmente los de la reforma rural transformadora, la situación de atraso de muchas regiones es tan desastrosa, que el criterio a utilizar no es qué se debe hacer, sino qué se puede hacer, como acuerdos con la insurgencia.

Esto está relacionado con la situación fiscal del país que ha experimentado importantes cambios, que afectan las posibilidades de financiación de los costos del posconflicto. Si no se tiene en cuenta esta situación, y no se exige corresponsabilidad a las Farc, será imposible acotar, en magnitudes y en tiempo, los compromisos. Su reinserción hace parte de las oportunidades en el tiempo para afrontarlas.

¿El gran cuello de botella son los recursos o la capacidad de gestión estatal?

Ambas situaciones son desafiantes. Por ello, es que hemos ofrecido toda la colaboración para apoyar la creación de los mejores escenarios en los dos temas. Y los gobiernos territoriales tendrán un papel fundamental.

Les hicieron llegar sus inquietudes a los negociadores del Gobierno. ¿Recibieron alguna respuesta?

Hemos tenido unas relaciones permanentes tanto con los comisionados como con el Gobierno, en general. Entendemos que como consecuencia del proceso de negociación, tomó más tiempo del previsto el tema de justicia y de desmovilización. Pero dado el nivel de confianza, que parece mejorar, y los esfuerzos del Gobierno por demostrarles a las Farc que el proceso es confiable, jurídica y políticamente, llegó el momento de que ayudemos a trabajar sobre esos pendientes, y exijamos corresponsabilidad a las Farc para que el proceso entre en una fase que lo haga sostenible.

Hacen mención de la inconveniencia de los subsidios permanentes. ¿Por qué?

El desarrollo agrícola dependerá de la capacidad de acumular capital productivo en el sector, de forma tal que se impulse el crecimiento de la productividad. Es necesario privilegiar acciones que incrementen ese capital (carreteras, riego, centros de acopio, centros de investigación e innovación, centros educativos) por encima de medidas asistencialistas, ya que solo aquellas generan mejoras sostenibles del bienestar.

¿Cuál sector considera que es el de mayor potencial para el país si se consigue un acuerdo?

Si el 72% de los costos del posconflicto se destinan a la acumulación de capital productivo en el sector agropecuario, y con ello se duplica la productividad agrícola en cinco años, el crecimiento económico promedio del país se elevaría en 0,24% anual, generando rentas fiscales adicionales y reduciendo el déficit público.

¿Qué les dice a los empresarios que mantienen su escepticismo frente al proceso?

Como muchos colombianos, hay empresarios con preocupaciones válidas frente al futuro del país. Pero creemos que es responsabilidad de todos, como ciudadanos activos y participantes, convertir este momento histórico en un punto de inflexión para una transformación positiva y un fortalecimiento institucional y empresarial.

¿Qué pasos le gustaría ver en los próximos meses?

Que las Farc continúen tomando decisiones y efectivamente se verifiquen, del tipo anunciado el domingo pasado de sacar a los niños de sus filas. Esperamos ver claramente cuál es la ruta para desligarse del narcotráfico y de los ambientes de ilegalidad y de economías criminales. Y seguramente, si así sucede, habrá más opinión favorable a la finalización del conflicto.

‘ES URGENTE UNA REFORMA TRIBUTARIA, SIN AFECTAR EL PIB’

¿Cómo ven la posibilidad de nuevos impuestos destinados, entre otros, a financiar los compromisos que se asuman en La Habana?

Se reconoce por todos que es urgente una reforma tributaria, que arbitre recursos del orden de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

La reforma no puede poner en riesgo el elemento esencial del crecimiento económico reciente, la inversión productiva, que ha pasado del 14% del PIB a principios de la década pasada, al 29% en años recientes.

La fórmula más importante para el posconflicto es que el esfuerzo se concentre en la reasignación del gasto público y que el Gobierno logre capturar fiscalmente el mayor desarrollo económico, los efectos positivos del crecimiento, por el mayor número de inversiones, y los nuevos flujos de capital hacia la creación de más desarrollo empresarial.