En un fallo de segunda instancia el contralor general, Edgardo Maya Villazón, confirmó la ocurrencia de un daño de $60.023 millones de pesos causado a los intereses patrimoniales del Estado en el contrato de Prodeco, por la modificación de manera injustificada de la fórmula para el cálculo de regalías y contraprestaciones económicas previstas en la misma.
La condena fiscal involucra al contratista, C.I. Prodeco S.A., a la compañía La Previsora S.A, al exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres y al exdirector de Ingeominas, Mario Ballesteros Mejía, por haber firmado un otrosí (petición adicional tras haber solicitado la demanda principal) en el 2010 sin los debidos estudios previos y sin la planeación necesaria que requería el contrato.
Como consecuencia de la disminución infundada de recursos económicos que venía recibiendo el Estado por la explotación de la mina de carbón Calenturitas, en el departamento del Cesar, el Estado dejó de percibir regalías y contraprestaciones económicas por $52.214 millones.
Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí 8, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones.
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