Seguridad privada, pero sin 'micos' pide el Superindustria

Se enciende el debate por el proyecto de seguridad privada. Mientras el superintendente afirma que hay 'micos', el senador Mauricio Lizcano lo niega.

252 son las licitaciones (por $ 320 mil millones) en las que participaron firmas presuntamente ligadas con Moreno entre el 2010 y el 2012.

252 son las licitaciones (por $ 320 mil millones) en las que participaron firmas presuntamente ligadas con Moreno entre el 2010 y el 2012.

Archivo particular

Empresas
POR:
Portafolio
mayo 24 de 2016 - 08:47 p.m.
2016-05-24

El senador Mauricio Lizcano, quien lidera el debate al proyecto de ley sobre seguridad privada que cursa en el Congreso, respondió a los señalamientos del superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, de que el texto tiene varios ‘micos’.

“No existe ningún ‘mico’, ni mucho menos la intención de los legisladores de ir en contra de la ley”, dijo. Indicó que además se realizó una audiencia y la Súper no hizo observaciones. Agregó que, sin embargo, está dispuesto a evaluar los argumentos de Robledo para transmitírselos a los ponentes de la iniciativa.

El proyecto ya pasó el examen del Senado, donde figura con el número 072-14 y está pendiente del trámite en la Cámara, donde está bajo el número 195-16.

Robledo aseguró en entrevista con Portafolio que hace un mes hizo sus comentarios por escrito y no fueron tenidos en cuenta. Apuntó que el primer ‘mico’ es el inciso tercero del artículo 85, que dice que a partir de la vigencia de esta Ley una persona que es socia de varias empresas de seguridad privada no puede presentar ofertas separadas en una licitación pública. “Eso se presta para interpretar que antes sí se podían presentar distintas ofertas por parte de compañías controladas por una misma persona”, añadió.

"Eso se presta para interpretar que antes sí se podían presentar distintas ofertas por parte de compañías controladas por una misma persona", dice el Superindustria.

COMPARTIR EN TWITTER

El Súper sugiere que esto estaría hecho a la medida de Jorge Arturo Moreno Ojeda, quien es investigado por la Superindustria y la Fiscalía por presunta cartelización empresarial, lo cual se vendría al piso. El último Estatuto Anticorrupción tipifica esa conducta como delito, con penas de hasta 12 años de cárcel.

Según el expediente de la Súper, a través de las firmas sobre las cuales ejercería control Moreno –Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Sejarpi y Security Management Group–, habría estado en 252 licitaciones entre el 2010 y el 2012 para 149 entidades estatales como la Contraloría, Fiscalía, Ministerio de Trabajo, Rama Judicial, Ministerio de Comercio, Superservicios, Supernotariado e ICBF, lo mismo que para 13 gobernaciones y 37 alcaldías. Los montos suman 320 mil millones de pesos y finalmente las empresas ligadas a él se habrían quedado con 25 contratos por 63.000 millones de pesos.

$7
 billones
mueve el negocio de la seguridad privada cada año en Colombia. Los extranjeros tienen una buena tajada.

El caso en la Superindustria –que nació de una denuncia en el ICBF– va en etapa de pruebas y en unos tres meses el Delegado para la Protección de la Competencia debe presentar un informe motivado que recomiende sancionar o exonerar. En la Fiscalía, Moreno tenía audiencia de imputación de cargos el viernes pasado, pero se aplazó porque este estaba fuera del país.

De acuerdo con Robledo, otro ‘mico’ está en el inciso 1 del artículo 85, que diluye la competencia para la protección de la libre competencia económica entre la Superindustria y la Supervigilancia, lo cual considera un retroceso. Hoy dicha función recae solo en la primera de las entidades.

Y el tercer ‘mico’, apunta, está en el parágrafo del artículo 11, que, de aprobarse, dejaría por fuera del campo de la vigilancia a las compañías con capital extranjero a medida que sus licencias se venzan, pues no les permitiría renovarlas.

Este último punto se ha convertido en la bandera de las empresas nacionales de seguridad colombianas que temen por la pérdida de mercado ante las foráneas. La pelea es por casi 7 billones de pesos que factura el sector en el país al año.

Al cierre de esta edición, Moreno Ojeda no se había pronunciado sobre el proyecto de Ley, aunque sí acerca de las acusaciones que se le han hecho.

MORENO RESPONDE


Jorge Moreno habló ayer, en un comunicado, de las acusaciones que le han hecho. “Desde enero de 2015, he soportado silenciosamente señalamientos de toda índole en contra de mi familia y de mí, con el único propósito de que los cuestionamientos que existan, por parte de las autoridades administrativas y/o judiciales, se debatan en el escenario que la Constitución y la Ley ha dispuesto, esto es ante un juez natural, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Y no, como ha sucedido hasta la fecha, que utilizan los medios de comunicación como estrados judiciales”, dijo. Añadió que ha estado dispuesto a acudir ante las autoridades que lo requieran.