Varios correos en los que un empresario antioqueño de la industria de alimentos le manifiesta a un proveedor de Guatemala su intención de comprarle 120 toneladas mensuales de azúcar refinada y a su vez una directiva de este en la que le solicita el visto bueno a la Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles (Ciamsa), son algunas de las pruebas que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) considera como muestras del acuerdo que habría existido entre un gremio, dos comercializadoras y 12 empresas del sector para evitar que este endulzante fuera traído al país desde otras partes.
Por esta conducta contra la libre competencia, la Súper las multó –igual que a 14 directivos– con cifras que unidas suman más de 324 mil millones de pesos.
Pero el documento que más hablaría de la sistematicidad de las acciones para bloquear la competencia externa es el ‘Plan de Ataque a las Importaciones’ que se elaboró a instancias de la firma Desarrollos Industriales y Comerciales S.A. (Dicsa), hoy en liquidación.
“El objetivo del programa tiene éxito dependiendo de la rapidez como se tomen las decisiones de precio, de manera que nos permitan atacar las importaciones de azúcar de un momento a otro, sin darle mucho espacio a los importadores para que actúen”, dice el documento, a la vez que asegura que todos los ingenios están de acuerdo en implementarlo e incluso propone firmar un pagaré o una póliza que los obligue a cumplir los compromisos que se definan.
Así mismo, la Súper documentó el viaje que hizo un alto directivo de Dicsa a Bolivia con la finalidad de mirar si era posible comprar los excedentes de azúcar y que el gremio asumiera los sobrecostos que hubiera para que el producto no quedara en manos de importadores.
“Quedaría totalmente claro que en caso de cerrar un negocio, ellos se comprometerían a no exportar absolutamente ni un grano de azúcar a Colombia y nosotros a no llevar ni un grano de azúcar boliviana a Perú o Chile”, dice un informe que Dicsa le envía a Ciamsa, ambas entidades que tenían como asociados a la mayoría de los ingenios que fueron sancionados. Según el expediente, el informe plantea que si el mercado de origen no cumplía existía la posibilidad de invadirlo con azúcar colombiana como retaliación.
La estrategia de obstrucción también se orientó a las importaciones provenientes de países como Costa Rica, Guatemala y El Salvador y de todo fue informada la Asociación de Cultivadores de Caña (Asocaña), según otros documentos recopilados.
No obstante, desde el miércoles los afectados han dicho que las acusaciones son falsas.