Pese a las bondades de tener una regla fiscal, que le ponga un límite al déficit del Gobierno Central, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, advirtió esta semana sobre los peligros de querer aplicar esta norma a ‘rajatabla’.
En su informe macroeconómico semanal, la entidad señaló que si bien es cierto que la Regla Fiscal es útil porque asegura disciplina en las finanzas públicas, el gobierno debe encontrar un punto de sensatez para que esta norma no se vuelva un ancla que “pueda llevar al fondo del mar en materia de competitividad global”.
Para la Anif el país podría relajar la regla de fiscal en cerca del 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por año, durante la próxima década, solo para gastar en formación bruta de capital fijo, específicamente en infraestructura de transporte.
“Nótese que la Regla Fiscal de Colombia es algo “miope”, pues en vez de evaluar la viabilidad del endeudamiento público a los ojos del propio mercado, se enfrasca en un apretón permanente, sin atención a las fuentes y bondades de su gasto en infraestructura”, señala el informe.
Dice la Asociación que si bien manteniendo inflexible la norma se podría reducir la deuda pública del 35-40 por ciento del PIB actual a un 25 por ciento del valor agregado en los próximos cinco años, también pone en riesgo el crecimiento económico del país pues, si no se ejecutan las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura del país, colapsaría la competitividad externa de Colombia.
En cuanto a si aumentar la deuda pública pondría en riesgo las calificaciones de inversión que ha ganado el país, Anif asegura que aún si se eleva la deuda a un 50 por ciento del PIB, “Colombia lograría mantener su grado de inversión, el cual actualmente se ubica hasta dos niveles por encima del mínimo requerido para estar en los portafolios globales del mundo desarrollado”.
Para Anif hay dos formas de abrirle espacio a la inversión, sin “dar señales de relajamiento en materia de gasto operativo”.
Por un lado, la asociación sugiere buscar mecanismos de financiación en el mercado de capitales que generen menores necesidades de gasto público.
La segunda opción sería buscar unas cláusulas a la actual regla fiscal que le permita al Gobierno de manera temporal flexibilizar la regla con un único objetivo, que sería elevar la inversión en infraestructura de transporte del 1,6 por ciento al 3 por ciento del PIB.
La primera opción no requiere modificar la norma fiscal, la segunda implica una modificación.