Al sector eléctrico le deben
casi medio billón de pesos

Las acreencias aumentaron 75% en los últimos dos años y medio y llegaron a $411.000 millones. Alumbrado público y acueductos, los principales morosos.

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De los cinco municipios del país con mayor deuda se encuentran Barranquilla, con más de 20.000 millones de pesos, Cali, Tumaco, Flandes (Tolima) y Santander de Quilichao.

archivo particular

Empresas
POR:
Pedro Vargas Núñez
mayo 12 de 2016 - 09:24 p.m.
2016-05-12

La deuda para con las empresas de energía eléctrica del país ascendió a 411.000 millones de pesos a diciembre del 2015, según cifras de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).

José Camilo Manzur, director ejecutivo de la entidad gremial, afirma que el monto proviene de deudas del sector oficial, de bienes constitucionalmente protegidos y alumbrado público, algunas con más de cinco años de antigüedad.

Manzur le confirma a Portafolio que la deuda aumentó alrededor de 75 por ciento en solo dos años y medio, pues esta se ubicaba en 235.000 millones en marzo del 2013.

Electricaribe es la compañía más perjudicada por esta situación, pues posee una tercera parte de la cartera del monto total, seguida por la Compañía Energética de Occidente (CEO), Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC), Codensa y Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Entre los sectores, los que más adeudan a las empresas electrificadoras del país son el alumbrado público con un 30 por ciento del monto total, acueductos con 23 por ciento, centros educativos con 17 por ciento, hospitales con 13 por ciento y entidades oficiales con 11 por ciento.

"A hospitales, cárceles, escuelas y establecimientos oficiales, entre otros,
no se les puede suspender el servicio".

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De los cinco municipios del país con mayor deuda se encuentran Barranquilla, con más de 20.000 millones de pesos, Cali, Tumaco, Flandes (Tolima) y Santander de Quilichao.

Manzur asegura que el principal problema al que se enfrentan las empresas de energía eléctrica es que esta clase de usuarios (hospitales, escuelas, acueductos, cárceles, seguridad ciudadana, establecimientos oficiales y alumbrado público) están constitucionalmente protegidos, por disposición de la Corte Constitucional, por lo que no es posible realizarles suspensión del servicio en caso de mora.

Explica que aunque por ley estas entidades están en la obligación de apropiar recursos para el pago de servicios públicos, es evidente que no lo han hecho y por esto pide, nuevamente, la intervención de la Procuraduría y la Contraloría para que actúen por la responsabilidad disciplinaria y fiscal que conlleva el no pago oportuno.

Por esto y como una posible solución, solicita la posibilidad de realizar un cruce de cuentas entre las entidades del sector oficial en mora y los prestadores del servicio público de energía eléctrica. “El gremio está preocupado por la sistemática cesación de pagos de dichos sectores”, aclara Manzur.

De la misma manera, hace un llamado al Gobierno Nacional para generar alternativas, como la transferencia de recursos, que permitan a las empresas del sector recuperar dichos dineros necesarios para la realización de inversiones, garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de todas sus obligaciones financieras.

Pedro Vargas Núñez
Subeditor Portafolio