A pesar de que se trata de un campo en el que priman las empresas familiares, de tamaño pequeño y medio, la seguridad privada mueve en el país 5,97 billones de pesos al año, cifra que representa el 1,6 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional.
Otros datos que dan cuenta de la magnitud del negocio son los empleos que genera: 320.000, de los cuales 240 mil son guardianes y el resto corresponde a personal administrativo, de acuerdo con el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip), Juan Carlos Medina.
Este potencial recae en 837 empresas en total, contando 540 que ejercen la vigilancia armada, casi 130 que hacen esta labor sin armas, 85 que se especializan en la capacitación del personal operativo, así como transportadoras de valores y firmas dedicadas al blindaje.
Sin embargo, las cifras de un negocio cuya rentabilidad ronda el 12 por ciento contrastan con la tímida evolución de la facturación en la última década, cuando su crecimiento ha estado entre el 2,8 y el 3,4 por ciento. Teniendo en cuenta la inflación, significa prácticamente un estancamiento, que, según Medina, obedece en buena parte a las regulaciones que llevan encima y que no solo incluyen un estricto control de los instrumentos de trabajo, sino de las tarifas y los márgenes de ganancia.
“No le tememos al control, siempre y cuando sea posterior”, afirma, pero advierte que también deben frenar a quienes ejercen una competencia desleal.
CRECIMIENTO, EN MANOS DEL ESTADO
Para el dirigente, existe una gran oportunidad de revertir el estancamiento del sector si el Gobierno les permite tener un papel más protagónico apoyando a la Fuerza Pública en la prevención de brotes de inseguridad y alteraciones del orden público.
“Prestamos seguridad en sectores residenciales y empresariales y, con nuestras cámaras, podríamos generar sinergias con el centro automático de despachos (de la Policía)”, dice.
Pero además, Andevip propone que dejen a las firmas privadas de seguridad ocuparse de la vigilancia en los estadios y centros de espectáculos, actividad que, según él, hoy distrae demasiado a la Policía. También estarían dispuestos a asumir el cuidado en el tercer anillo de las cárceles (exterior). El cuarto frente en el que ven buenas perspectivas es la vigilancia de parques y sitios específicos de espacio público. “No buscamos facultades para judicializar, pero podemos ser un complemento y hacer acompañamiento a la Fuerza Pública a la hora de prevenir el delito y recoger material probatorio contra los delincuentes”, dice Medina.
Y aclara que una posibilidad para este tipo de servicio es prestarlo con armas no letales, que inmovilizan pero no matan, y con mecanismos electrónicos que garantizan una reacción en tiempo real. De hecho, estas son tendencias que van ganando terreno en su campo.
APOYO EN EL POSCONFLICTO
Medina agrega que las firmas adscritas al sector están llamadas también a jugar un papel si se llega a firmar la paz con los grupos guerrilleros, pues la experiencia de otros países muestra que en el posconflicto la sensación de inseguridad aumenta y se requieren esfuerzos adicionales para mantener la tranquilidad ciudadana.
Así mismo, dice que estarían dispuestos a participar en la socialización de los reinsertados.
PREOCUPADOS POR EXTRANJEROS
El gremio está en alerta por la incursión de firmas foráneas que les están arañando una tajada cuantiosa del negocio.
De acuerdo con Andevip, la Asociación planea introducir en la próxima legislatura del Congreso un proyecto de ley que deje claro que solo los nacionales pueden prestar este tipo de servicios. De hecho, ya empezó a patinar la idea con los parlamentarios elegidos por el Centro Democrático.
De acuerdo con Medina, en manos extranjeras hay cerca del 30 por ciento del negocio, a pesar de que una sentencia de la Corte Constitucional lo prohíbe. Dice que el mecanismo que estas han utilizado para llegar son las alianzas con firmas nacionales.
Néstor Alonso López L.
Redacción Portafolio