La Superintendencia de Puertos y Transporte ya abrió investigación administrativa contra cinco concesiones viales, una férrea y una aerolínea de carga.
Según el directivo de esta entidad, Juan Miguel Durán, se están haciendo cruces de información para detectar irregularidades.
Recabar en el corazón financiero de los concesionarios viales es la tarea que se ha fijado el superintendente de puertos y transporte, Juan Miguel Durán.
Aunque no se puede generalizar, las experiencias con los carruseles de la corrupción generaron en algunas entidades de control acciones más agresivas para detectar posibles irregularidades.
Por lo pronto, la Supertransporte ya abrió investigación administrativa contra cinco concesiones viales, una férrea y una aerolínea de carga.
¿Qué investigaciones contra los concesionarios se adelantan?
Se abrió una el pasado 18 de marzo a la concesión San Simón (Santander) y otra a la concesionaria Panamericana el 26 de abril de este año. Adicionalmente, se abrió una contra la Constructora Solarte por deficiencias en la carpeta asfáltica y señalización en la concesión Briceño–Tunja–Sogamoso y a la concesión Bogotá–Girardot por el mismo motivo.
Las concesiones de San Simón y Panamericana han sido objeto de varias denuncias y quejas por parte de los usuarios.
También hemos iniciado un proceso de sometimiento a control e investigación al Ferrocarril del Oeste y a la aerolínea Líneas Aéreas Suramericanas (LAS).
¿Qué concesionarios viales se están revisando?
Estamos haciendo un inventario de todas las concesiones.
Se trata de un plan de inspección bastante riguroso que inicia con el análisis de la información y la posterior apertura de las investigaciones cuando sea necesario.
¿Ese proceso cuánto dura?
Históricamente ha tardado cerca de tres años, pero esperamos agilizar ese tema.
¿Quién revisa la solvencia económica de las concesiones?
Nos preocupa mucho que los concesionarios tengan o no la solvencia económica para poner a feliz término todas sus obligaciones. Muchas entidades tocan medianamente el tema, pero nadie va a fondo.
¿Qué se revisará?
El diagnóstico es el siguiente: hay muchas personas naturales y jurídicas que participan en las diversas concesiones de forma simultánea. En ese orden de ideas, lo que siempre se mira es si una determinada concesión cumple o no con los requisitos de solvencia.
Lo que nosotros estamos haciendo es cruzar la información económica de los actores de una concesionaria con otra para de esta manera verificar si esa persona natural o jurídica puede soportar todos los negocios que tiene. Esperamos tener resultados muy pronto.
En resumen, yo puedo decir que tengo un determinado patrimonio, pero no se ha revisado si ese mismo patrimonio se está teniendo en cuenta para otras concesiones. Estos cruces van a arrojar unos resultados bastante interesantes y podremos ver si le van a responder al país o no.
¿Ya hay indicios, nombres?
En este momento no le puedo decir porque hace parte de las investigaciones. Tengo sospechas que podrían haber varias (empresas), que de pronto no estén con la información veraz. Y por eso estamos armando los equipos de investigación
¿Qué entidades participarán en este plan?
Hemos hecho alianza con varias entidades del sector público. Tenemos convenio con las Superintendencias de Sociedades y Financiera, la Dian, la Cámara de Comercio y el Banco de la República. La idea es hacer un cruce de datos jamás hecho antes.
¿Qué pasará luego?
Al detectar la existencia de anomalías, abrimos una investigación y además compulsamos los indicios a las autoridades competentes: Contraloría General, Dian, Procuraduría o Fiscalía, según el caso.
Por ejemplo, la Dian es una entidad fundamental porque presuntamente podrían haber irregularidades en evasión de impuestos o, incluso, lavado de activos.
¿Y si se comprueba les podrían quitar la concesión?
En la Superintendencia tenemos la facultad de multar a las concesiones que no cumplan y en temas contractuales, como el que usted expone es el Inco el competente.
¿Cuándo se conocerán los resultados?
No le puedo dar fechas, pero estamos confiados en que los procesos serán serios y contundentes.
¿Es una tarea parecida a la que se hizo para detectar los problemas en el sector salud?
Exacto. Lo que queremos es cruzar toda esta información para detectar las alarmas y actuar.
Es un trabajo muy analítico que incluye medios tecnológicos y cruces de información. Siempre se ha visto de manera superficial y ahora queremos ir mucho más allá y ser una entidad que pueda prevenir antes de que se generen riesgos.
¿Y las sanciones?
Estamos trabajando en fortalecer estas multas, por eso el 20 de julio vamos a radicar un proyecto de ley que busca establecer un régimen sancionatorio mucho más contundente y claro, porque hemos visto que en ese frente el actual es vago y no se ajusta a la realidad.
Dicha reforma tendrá entre 20 y 30 artículos y no sólo incluye concesiones, sino organismos de tránsito y actores del sector transporte.
Sanciones más duras
Según el Superintendente de Transporte, en la actualidad las sanciones van desde el sometimiento a control, que es un acompañamiento a las concesiones con cronogramas de mejoramiento, la apertura de investigación por fallas técnicas cuya sanción está entre uno y 700 salarios mínimos legales vigentes, y sanciones por temas financieros entre uno y 200 salarios mínimos mensuales vigentes, lo cual considera “muy poco.
Parte de este estudio va a arrojar unas sanciones mucho más representativas”, afirmó Juan Miguel Durán.