Superindustria sancionó a 14 empresas del sector azucarero

Las sanciones impuestas ascienden, en total, a una suma superior a los $320.000 millones. La cartelización empresarial fue coordinada durante varios años para evitar que llegara azúcar al país proveniente de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

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Superindustria sancionó a 14 empresas del sector azucarero

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octubre 07 de 2015 - 10:42 p.m.
2015-10-07

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, sancionó a Asocaña, Ciamsa, Dicsa y doce ingenios azucareros por haber incurrido en la conducta de acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar hacia Colombia provenientes, fundamentalmente, de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

EL CASO CONCRETO

La investigación administrativa se inició a partir de algunas denuncias presentadas en el año 2010 por varios empresarios consumidores de azúcar que la utilizan como insumo productivo.

Los ingenios investigados, han actuado coordinadamente y se han comportado en el mercado, en algunos casos, como un bloque, eliminando la competencia que debería existir en un sector en el que participan varios jugadores con facultades para competir vigorosamente.

Para contrarrestar la amenaza que suponía para sus intereses la entrada al país de azúcar proveniente del exterior, los investigados concibieron y ejecutaron deliberadamente una estrategia anticompetitiva encaminada a bloquear importaciones de azúcar al país  en general, para evitar que aumentara la oferta y disminuyera el precio interno que pagan los consumidores y la industria.

Adicionalmente, se evidenció el interés de los investigados por asegurar y mantener el control sobre los excedentes de azúcar de los principales ingenios de la región para que no pudieran ser exportados a Colombia.

Para este propósito, los investigados concibieron varias estrategias, incluso, la creación de empresas para adquirir excedentes regionales y evitar que estos llegasen a Colombia.

Un primer caso encontrado por esta Superintendencia que evidencia el desarrollo de la estrategia para obstruir importaciones por parte de los investigados, fueron las negociaciones con los ingenios bolivianos con el propósito exclusivo de controlar sus excedentes y procurar que estos no exportaran “ni un grano de azúcar a Colombia”, y así evitar que los mayoristas y comerciantes colombianos accedieran al producto a través de importaciones.

Otro ejemplo de la materialización de la estrategia de los investigados dirigida a bloquear la entrada al país de azúcar proveniente de otros países, consistió en la obstrucción a través de Asocaña y Ciamsa a industriales colombianos que requieren azúcar como insumo, para que la importen directamente de ingenios extranjeros.

Esta conducta fue ejecutada en varios escenarios y para países como Costa Rica, Ecuador, Guatemala y El Salvador en los que se demostró que la posición de los investigados era impedir o al menos obstaculizar la compra directa de azúcar a ingenios extranjeros por parte de industriales y comerciantes colombianos, a través de convenios con ingenios extranjeros o sus agremiaciones para que las ventas directas a industriales requirieran la tramitación de diferentes autorizaciones y permisos especiales impuestos por ellos mismos. 

LA DECISIÓN

Con base en estas conclusiones, el Superintendente impone las siguientes sanciones:

‘CON ESTO ESTÁN DECRETANDO LA PENA DE MUERTE A LA INDUSTRIA’

El abogado Néstor Humberto Martínez, quien dijo tener la vocería de todos los azucareros sancionados, calificó como una “pena de muerte a esta industria” la multa impuesta por la SIC.

Según él, el monto equivale a más de dos veces las ganancias de todos los ingenios en el 2014, que fueron de 140.000 millones de pesos. Según él, Asocaña, multada con 30.445 millones, apenas cuenta con 4.000 millones de pesos de patrimonio.

Según el jurista, en el expediente no figuran pruebas sobre el supuesto bloqueo de importaciones desde Guatemala y El Salvador, como acusa la SIC, y solo hubo una de Costa Rica que fue desvirtuada.

Finalmente, Martínez dijo que no entiende por qué se tomó como agravantes supuestos antecedentes de algunos implicados, pues se trató de dos sanciones del 2010 que anuló luego el Contencioso Administrativo.